Estas son las cuatro mentiras de Sánchez y Marlaska para proteger a Marruecos, según la Policía
El Gobierno ha decidido combatir el informe policial sobre Ceuta con el mismo método que ha utilizado para afrontar la crisis desde el 30 de julio: negar la evidencia, retorcer las palabras y desplazar la responsabilidad hacia cualquiera que no sea Marruecos. Primero fueron las mafias. Después, el CNI. Más tarde, Rusia, Israel y la denominada «internacional ultraderechista». Ahora le toca a la propia Policía Nacional.
El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha comunicado al ministro del Interior que «no existe informe policial alguno» que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes «la planificación o ejecución» de lo sucedido los días 30 y 31 de julio. Es la respuesta oficial con la que el Gobierno pretende desactivar las 55 páginas que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, entregó a la juez María Tardón.
El documento existe
El informe no identifica todavía al autor intelectual de la operación ni atribuye formalmente al Gobierno de Marruecos la orden de organizarla. Esa cautela es necesaria para no convertir un análisis policial en una conclusión judicial que aún no se ha producido. Pero utilizar esa ausencia de autoría individualizada para negar lo que sí acredita el informe constituye un ejercicio de manipulación semántica difícilmente aceptable.
La Policía no se limita a describir una actitud pasiva de Marruecos: documenta la participación material de miembros uniformados de sus Fuerzas de Seguridad, los incluye entre los organizadores del flujo sobre el terreno y concluye que existió una actuación planificada, monitorizada y ejecutada por fases.
El documento sostiene que agentes marroquíes «en algunos casos, participan guiando el cruce a través del agua» y derivan a los inmigrantes hacia la playa de El Tarajal. Explica también que efectivos uniformados daban indicaciones para acceder a España, gestionaban el flujo de personas hacia zonas predeterminadas y organizaban la llegada de vehículos de gran tonelaje cargados de inmigrantes.
La Policía identifica además a personas no uniformadas que actuaban «como gestores del proceso», monitorizando, impulsando y dirigiendo a la masa. Algunos de esos individuos aparecen incluso «impartiendo instrucciones a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos».
Por eso resulta tan difícil sostener que el informe no atribuye a agentes marroquíes ninguna participación en la ejecución. El documento los coloca expresamente en el nivel 3 de la estructura organizativa, el correspondiente a los «organizadores del flujo de personas sobre el terreno». Y cuando analiza el nivel de dirección señala que se trata de «un proceso planificado y ejecutado por medio de la coordinación de actores» pertenecientes a los niveles anteriores.
El informe no identifica quién impartió la orden superior, pero sí acredita quién colaboró materialmente sobre el terreno. Confundir deliberadamente ambas cuestiones permite al Gobierno salvar una frase, pero no salvar su relato. De hecho, la contradicción con lo defendido durante semanas por Fernando Grande-Marlaska es absoluta.
El mismo 30 de julio, mientras miles de personas desbordaban la frontera, Interior aseguró que «las redes de tráfico de personas están instrumentalizando una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados». En aquel comunicado también elogió la «ejemplar colaboración» entre España y Marruecos en materia migratoria. El comunicado continúa publicado en la web del Ministerio del Interior. Estas dos afirmaciones han quedado desmontadas por la propia Policía.
Mafias, el informe es categórico
Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de inmigrantes «carecen de la capacidad para organizar un movimiento de estas dimensiones». Añade que «no existe indicio alguno» que permita señalarlas como promotoras o impulsoras del asalto, ni siquiera en la campaña de difusión en las redes sociales, y descarta su participación en la planificación y gestión simultánea de lo ocurrido.
Para medir la desproporción, la Policía recuerda que las organizaciones criminales trasladaron desde Marruecos a España a 20.924 inmigrantes entre el 1 de enero de 2024 y el 25 de agosto de 2026. Ni siquiera en sus años de mayor actividad tuvieron capacidad para movilizar de manera inmediata a entre 75.000 y 85.000 personas. Su intervención posterior se limitó, según el informe, a un «aprovechamiento oportunista» para trasladar clandestinamente a la Península a algunos de los inmigrantes que permanecían en Ceuta. Marlaska acusó, por tanto, a quienes la Policía descarta y agradeció la colaboración de quienes sus propios agentes sitúan guiando el acceso a España.
La supuesta «ejemplar colaboración» queda especialmente desacreditada por otro párrafo del documento. La respuesta policial marroquí durante el 30 y el 31 de julio fue, según el CENIF, «cuando menos de total permisividad». No se produjo «ninguna tentativa seria» de reducir, dispersar o alejar a la multitud del perímetro fronterizo. Y eso ocurrió pese a que la celebración del Día del Trono había concentrado en la zona medios de seguridad suficientes para haber desplegado una actuación mucho más contundente.
El contraste con lo sucedido dos semanas después resulta revelador. Ante la convocatoria de una segunda entrada masiva para el 15 de agosto, Marruecos activó un dispositivo de «control absoluto», interceptó los movimientos y desactivó el intento. El mismo aparato de seguridad que permaneció prácticamente inoperante durante más de 48 horas demostró después que disponía de medios suficientes para cerrar el paso.
El informe llega a plantear que esa segunda convocatoria, mucho más visible y fácil de detectar, pudo funcionar como un ejercicio destinado a «blanquear» la respuesta anterior. No estamos ante una Policía española elogiando la cooperación marroquí. Estamos ante un cuerpo policial que analiza si la reacción posterior pudo servir para ocultar la permisividad precedente.
Segunda gran falsedad del Gobierno: negar la existencia de avisos
Marlaska aseguró el 4 de agosto que «no hubo ningún informe ni aviso» del CNI que permitiera anticipar algo parecido. El 25 de agosto insistió en que no existió ningún informe que pudiera «atisbar» una entrada sin precedentes y añadió que, si alguien hubiera dispuesto de esa información, la habría elevado a las instancias superiores para adoptar medidas. Así lo declaró públicamente tras el Consejo de Ministros. Ángel Víctor Torres reforzó esa versión: «Si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, automáticamente la actuación tendría que haber sido otra». La trampa consiste en esconderse detrás de las siglas del CNI para no reconocer lo que sabía la Policía.
El informe revela que el 27 de julio la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta remitió al Centro Nacional de Comunicaciones un formulario cuyo asunto era «Entrada Masiva a nado de inmigrantes». Dos días después, el 29 de julio, el CENIF emitió una «Alerta de Riesgo de Entrada Masiva», dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, sobre el riesgo de entradas irregulares previsto para el día 30. La advertencia tenía nombre, lugar y fecha
Es verdad que una alerta no permitía conocer necesariamente que entrarían decenas de miles de personas. Tampoco demuestra por sí sola que Marlaska recibiera personalmente el documento. Lo que impide es sostener que el Estado español carecía de información previa sobre el riesgo de una entrada masiva. Un organismo dependiente de la Policía detectó el peligro, emitió la alerta y la distribuyó dentro del sistema fronterizo.
La cuestión relevante ya no es si el CNI empleó exactamente esas palabras, sino qué recorrido tuvo la advertencia policial, quién la recibió, por qué no ascendió -si es que no ascendió- en la cadena de mando y por qué no se reforzó la frontera. El propio informe incluye esas alertas en el apartado titulado «Otros sujetos con posibles responsabilidades» y señala que los efectos de las actuaciones producidas en Marruecos podían ser «amplificados o mitigados» mediante una respuesta adecuada en territorio español.
Tercera mentira: la naturaleza de la crisis
El Gobierno ha presentado lo ocurrido como una avalancha migratoria alimentada por la desigualdad, una sentencia del Tribunal Supremo, las mafias y los bulos difundidos en las redes sociales. Pedro Sánchez llegó a señalar a redes vinculadas con Rusia, Israel y una «internacional ultraderechista», mientras exculpaba públicamente a Marruecos y defendía que sin su cooperación la situación habría sido todavía más grave. Sánchez mantuvo esa versión el 31 de agosto. Sin embargo, el informe policial describe un escenario muy diferente.
«No se trata de algo incidental cuya generación pueda asociarse a un factor ocasional o espontáneo», concluye. La operación repitió pautas observadas en 2021 y 2024, pero incorporó una experiencia acumulada que la convirtió en «una acción mucho más compleja y elaborada».
Tampoco considera que el objetivo principal fuera migratorio. La inmigración operó «solo como una cobertura formal» para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo hacia la frontera. La Policía llega a esta conclusión porque aproximadamente el 90% de quienes entraron regresaron voluntariamente a Marruecos. La dinámica del retorno permite determinar «de forma inequívoca» que, para una gran mayoría, la finalidad última no era permanecer en España. A juicio de la Policía, lo ocurrido fue diseñado con otros objetivos.
El informe habla de una «dirección estratégica y operacional» que actuó conforme a «procedimientos perfectamente definidos» durante las distintas fases. Señala una «autoría intelectual anterior» y otra «material simultánea», aunque todavía no pueda individualizar a sus integrantes. Y describe una operación con un nivel técnico y de planificación «muy alto», en la que intervinieron distintas estructuras coordinadas alrededor de «un objetivo compartido» y «una única referencia organizativa».
También reconstruye la táctica. La primera fase buscó «colapsar el sistema de gestión fronteriza» obligando a España a desviar recursos hacia el salvamento de personas en el agua y saturando simultáneamente el espacio de recepción. Una vez provocada la apertura de las puertas, comenzó una segunda fase destinada a «eliminar la capacidad de respuesta por parte de España», incorporando progresivamente mujeres, niños y familias para dificultar cualquier reacción policial.
No fue una multitud que llegó desordenadamente hasta la frontera. La Policía destaca que decenas de miles de personas pudieron desplazarse hasta el mismo punto sin bloqueos en las carreteras, sin colapso de los medios de transporte y sin incidentes importantes de orden público en Marruecos. Esa precisión logística resulta «incompatible» con una movilización espontánea y sin organización interna.
Cuarta falsedad: las cifras
Marlaska aseguró que habían entrado 72.000 personas y que 70.000 ya habían regresado a Marruecos. También llegó a presentar la situación como «controlada» y «revertida» en apenas 24 horas. Esas fueron las cifras ofrecidas por el ministro el 4 de agosto. El CENIF afirma que, a fecha de 26 de agosto, no existían datos fiables sobre cuántas personas habían entrado, cuántas habían salido ni cuántas permanecían en Ceuta. Habla de «imposibilidad de cuantificación» por el carácter masivo e incontrolado de los accesos y por la coincidencia, el día 31, de flujos simultáneos de entrada y retorno.
El informe recoge cifras oficiales contradictorias: 49.200 entradas según un parte de la Guardia Civil, 78.000 según el presidente de Ceuta, 72.000 según Marlaska, una estimación puntual de 20.000 personas captadas en una imagen y un cálculo global de entre 75.000 y 85.000. Sobre los retornos, aparecen otras magnitudes igualmente incompatibles.
El ministro convirtió una estimación en una certeza y la utilizó para transmitir una imagen de control que no existía. La Policía admite algo mucho más inquietante: la falta de datos impide incluso «dimensionar la amenaza» y dificulta planificar cualquier respuesta a corto, medio y largo plazo. Ni se sabía cuántos habían entrado ni se sabe con precisión cuántos continúan en España. Pero el Gobierno repartió cifras cerradas como si hubiera contabilizado una operación fronteriza que permaneció fuera de control durante horas.
Conclusión política del informe: devastadora
La entrada provocó «un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español» y «una violación masiva de la soberanía territorial de España». Generó saturación institucional, deterioro de la seguridad pública, agitación sociopolítica, desconfianza en las instituciones, daño a la imagen internacional y una «evidente desestabilización política interna».
Y hay una última advertencia que adquiere especial importancia después del enfrentamiento promovido desde el Gobierno contra el CNI y de los intentos de responsabilizar a Margarita Robles. El informe señala que el cuestionamiento del servicio de inteligencia puede constituir una «acción de contrainteligencia ofensiva de manual». La Policía está advirtiendo de que la operación no terminó cuando dejaron de entrar personas. La fase posterior incluye la desinformación, la división de las instituciones españolas, la erosión del CNI y el enfrentamiento interno dentro del Gobierno. Exactamente lo que ha sucedido.
El Ejecutivo puede agarrarse a que el informe no ha identificado todavía al autor intelectual, pero no puede hacer es borrar todo lo demás. Hubo planificación previa. Hubo alertas. Las mafias no tenían capacidad para organizarlo. Agentes marroquíes guiaron los cruces. Existieron coordinadores sobre el terreno. La frontera fue colapsada deliberadamente. La finalidad migratoria funcionó como cobertura. Las cifras oficiales no eran fiables. Y la soberanía española sufrió una violación masiva. Marlaska ya no tiene que explicar únicamente por qué cayó la frontera. Debe explicar por qué negó las advertencias que existieron, acusó a unas mafias que su Policía descarta, elogió a unas fuerzas marroquíes que aparecen guiando los accesos y presentó como definitivas unas cifras que nadie podía conocer. Y Pedro Sánchez tiene que explicar por qué, frente a un informe que describe una operación altamente especializada ejecutada desde territorio marroquí y con intervención de agentes de aquel país, eligió señalar a Rusia, Israel y la oposición para volver a proteger a Rabat.