La CEOE propone que el Estado subarriende viviendas privadas en régimen social con precios un 20% por debajo del mercado
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera que el sector privado no sólo no es el problema sino que es una parte imprescindible para dar solución al problema de la vivienda en España. Y por eso cree que, en lugar de demonizarlo, los organismos públicos deberían tenderle la mano y colaborar con él para impulsar el alquiler, su gran apuesta para el fomento de la oferta social. Si no, consideran desde esta organización que será imposible alcanzar el objetivo que se ha marcado el Gobierno de tener en veinte años un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 20% respecto al total de hogares que residen en aquellos municipios en los que se hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. Ni siquiera parece factible, según ha explicado el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, llegar a las 184.000 viviendas sociales prometidas por el Gobierno para la legislatura teniendo en cuenta que la producción anual, como ha recordado, es de 100.000.
Para el "think tank" de la CEOE, la solución más rápida y menos onerosa para las apretadas arcas públicas para aumentar la oferta en alquiler es tirar de lo ya construido. El modelo que propone, según ha explicado Fernández de Mesa, consiste en la cesión en arrendamiento por un plazo mínimo de 25 años de las viviendas de titularidad de los grandes tenedores que se acogieran al programa a las comunidades autónomas donde radiquen para su subarriendo como vivienda asequible, a un precio inferior en una cuantía que podría ser inferior en un mínimo de un 20% al que resulte del índice de referencia del precio de alquiler de vivienda al que se refiere la normativa correspondiente o al autonómico que resulta de aplicación.
Garantías públlicas
Los propietarios, según el IEE, contarían con un contrato de alquiler con aval público (ICO o Tesoro Público) y el Estado podría, a su vez, movilizar decenas de miles de viviendas para familias vulnerables (incluido viviendas ocupadas) de forma inmediata y solo desembolsando un alquiler. Se trata, según esta organización, de una medida poco onerosa para las arcas del Estado, que puede combinarse también con aportaciones de las familias.
En el supuesto de inmuebles deteriorados o inacabados, el instituto propone que la administración autonómica que asuma la ejecución del programa podría asumir su rehabilitación o finalización de la construcción, acordando el programa en dicho caso la contraprestación mediante la ampliación del plazo de arrendamiento o en forma monetaria.
Suelo
El IEE también propone la puesta a disposición de suelo para promover vivienda social. En este caso, asegura que debería analizarse la viabilidad jurídica de una propuesta en la que el suelo sea privado, el propietario elabore el proyecto constructivo y proceda a ejecutar las obras de edificación asumiendo el riesgo de la obra y posteriormente explote el activo mediante el alquiler de las viviendas. Para esta casuística, prosigue, debería existir aportación pública, que puede tener diversas concreciones. También podría variar el momento en que el activo se incorpore al patrimonio público, añade. Podría ser, explica el IEE, en el momento en el que finaliza la ejecución de obra de edificación estableciendo una cesión de uso o alquiler del conjunto. O bien se podría producir la adquisición del activo por parte del sector público al final del período contractual.
El centro de estudios detalla que el equilibrio económico y financiero de este modelo de colaboración podría instrumentarse mediante dos posibles alternativas. Por un lado, una aportación económica pública fija en función del valor del activo, de la inversión en obra y del coste del mantenimiento en la explotación estableciéndose que compensara total o parcialmente el riesgo de demanda. Por el otro, una aportación económica determinada para cubrir el diferencial entre el ingreso derivado de la explotación y todos los costes a asumir sin eliminar por completo el riesgo de demanda de la explotación.
Protección de la propiedad
El IEE también ha presentado hoy los resultados del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP), un indicador que realiza y difunde la Property Rights Alliance, en el que se compara el nivel de protección de los derechos de propiedad en gran parte de las economías globales. Y, un año más, España no sale bien parada. Según este análisis, España muestra un amplio margen de mejora en el índice en 2023, situándose en el puesto 22 de 37, habiendo quedado un 1,5% por debajo de la OCDE y un 4,2% por debajo de la media de la UE. Tanto en el pilar del entorno legal y político, intensamente influenciado, según aseguran, por el subcomponente de la inestabilidad política; como en el de protección de la propiedad física, España se sitúa por debajo del promedio de la OCDE y de los países de la UE.