Tribunal de apelaciones avala política del Gobierno de Trump para detener a inmigrantes indocumentados sin opción de libertad
Un tribunal federal de apelaciones dividido falló este viernes a favor de la política del Gobierno de Trump de detener a millones de inmigrantes indocumentados, incluso a aquellos que han vivido en Estados Unidos durante décadas, sin oportunidad de impugnar su detención, otorgando al presidente Donald Trump una importante victoria mientras busca llevar a cabo una campaña enérgica de deportaciones.
El fallo de 2-1 del conservador Quinto Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos significa que, en varios estados del sur, numerosos inmigrantes que habían estado viviendo en EE.UU. sin documentos, incluidos aquellos que anteriormente podían permanecer en libertad bajo fianza mientras su caso avanzaba en el sistema de inmigración, ahora pueden ser detenidos y se les puede negar la oportunidad de solicitar su liberación a través de audiencias de fianza ante jueces de inmigración.
En miles de casos en todo el país, jueces federales habían dictaminado de manera consistente que la política implementada por Trump el año pasado era ilegal, pero la decisión de este viernes marca la primera vez que una corte de apelaciones la respalda. El fallo solo aplica a inmigrantes en Texas, Louisiana y Mississippi.
“Hay una razón por la cual, en más de 3.000 casos en decenas de tribunales federales de distrito, el Gobierno de Trump decidió que su primera apelación sobre esta cuestión fuera ante el Quinto Circuito”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, quien previamente ha escrito sobre la disputa legal en estos casos.
“El Quinto Circuito no solo es el tribunal de apelaciones más conservador del país; en este panel, el Gobierno seleccionó a dos de los jueces más conservadores de ese mismo tribunal. Es difícil imaginar que vayan a pronunciar la última palabra”, dijo.
Aunque otros tribunales de apelaciones en EE.UU. siguen examinando la política, el fallo del Quinto Circuito anticipa un probable enfrentamiento sobre este tema en la Corte Suprema.
La decisión mayoritaria de este viernes fue redactada por la jueza Edith Jones, nombrada por el expresidente Ronald Reagan, y a la que se sumó el juez Kyle Duncan, nombrado por Trump.
Los dos jueces republicanos dijeron que, aunque el Gobierno de Trump había revertido décadas de políticas de la rama ejecutiva que permitían a los inmigrantes indocumentados permanecer en libertad bajo fianza mientras se resolvían sus casos de inmigración, las autoridades actuales estaban plenamente dentro de su autoridad para hacer el cambio.
“El que gobiernos anteriores decidieran usar menos que toda su autoridad de aplicación… no significa que carecieran de la autoridad para hacer más”, escribió Jones.
Bajo gobiernos previos, los no ciudadanos que ingresaron a Estados Unidos sin una visa válida, fueron detenidos lejos de la frontera y no tenían antecedentes penales, podían ser liberados bajo fianza mientras se desarrollaban sus casos de inmigración. Esa política de larga data contrastaba con el trato recibido por los inmigrantes detenidos en la frontera. Esos individuos podían ser sometidos a procedimientos de expulsión acelerada sin la posibilidad de buscar su liberación bajo fianza.
La jueza Dana Douglas, nombrada por el expresidente Joe Biden, advirtió en una opinión disidente que el fallo mayoritario podría dar lugar a la detención sin fianza de 2 millones de no ciudadanos en Estados Unidos.
“El Gobierno hoy invoca la autoridad y el mandato para detener a millones de no ciudadanos en el interior, algunos de ellos presentes aquí durante décadas, en las mismas condiciones que si hubieran sido detenidos en la frontera”, escribió. “No importa que este nuevo mandato descubierto llegue sin precedente histórico, y en contra de una de las distinciones fundamentales del derecho de inmigración”.
Continuó: “Parece que la mayoría es incapaz de imaginar lo que significaría estar detenido dentro de Estados Unidos sin la prueba adecuada de admisibilidad y, sin una audiencia de fianza, tener que recurrir a los servicios de un abogado federal de habeas corpus para demostrar que uno tiene derecho a la liberación y merece volver a ver el exterior de un centro de detención otra vez”.
“Esto no es, o no solo es, una cuestión de simpatía humana, sino más bien una cuestión de comprender una de las distinciones fundamentales en la ley de inmigración, y las muy buenas razones para ello”, escribió.
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