El conflicto del taxi aboca al Gobierno a un nuevo rompecabezas parlamentario
Cuando José Luis Ábalos aceptó la cartera de Fomento sabía que no iba a ser un reto fácil. De él dependen decenas de empresas públicas y, por tanto, miles de trabajadores y un gran volumen inversor. Pero no ha tenido ni cien días de gracia antes de toparse con su primera gran huelga: la de los taxistas que han paralizado las arterias de varias capitales y que amenazan con hacer indefinida su protesta. El Ministerio de Fomento se ha reunido con las asociaciones del sector sin llegar a un acuerdo, pero el Gobierno destaca los avances al prometer un decreto ley con el que pretende "resolver el problema" entre los taxistas y los VTC (los vehículos con conductor tipo Uber y Cabify).
Sin embargo, el proceso es cuanto menos complicado para el Ejecutivo, que tendrá que someterse a un nuevo desafío parlamentario con el resto de grupos enfrente, al menos por ahora. La propuesta de Fomento, trasladada por el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, es transferir las competencias del transporte de viajeros en turismos a las comunidades. El objetivo es que sean las autonomías los que se encarguen de velar por que la ratio 1/30 –una licencia VTC por cada licencia de taxi– sea una realidad "una vez constatado que la ratio 1/30 recogida en la legislación actual no se cumple", en palabras del Ministerio.
El mecanismo pasa por la convocatoria de la Conferencia Nacional de Transportes el próximo día 1 de agosto para presentar la propuesta de la transferencia de competencias y hacer, a su vez, viable jurídicamente la licencia urbana, es decir, reglamentos similares a los que aprobó Ada Colau en Barcelona para limitar los VTC con el apoyo de los socialistas. El siguiente paso será la aprobación de un decreto ley el 14 de septiembre que lleve a cabo esas modificaciones normativas.
Para Fomento se trata de "buscar una solución que no sea recurrible al día siguiente de ser aprobada, sino una solución definitiva, que garantice la seguridad jurídica, y evite la difícil situación que la entrada masiva de licencias VTC en el mercado está produciendo en el sector del taxi".
A los taxistas les ha parecido, a priori, insuficiente la propuesta al considerar que el problema se traslada a 17 administraciones y de diferente color; pero el Gobierno sostiene que no hay otra manera de proceder. De hecho, el sector del taxi ha cargado contra Fomento tras su decisión de recurrir el reglamento que aprobó Colau en Barcelona.
El departamento de Ábalos asegura que no le quedaba otra opción dado que invade las que ahora son sus competencias. Como gesto, Fomento no pidió como medida cautelar la suspensión del reglamento que ya regía al sector del transporte de viajeros en la ciudad condal, pero de poco sirvió porque lo hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya accedió. El ministro también cesó al director general de Transportes que presentó el recurso sin consultar.
Además, el decreto ley tiene que ser convalidado en el Congreso, donde el Gobierno ya ha experimentado su debilidad parlamentaria. Unidos Podemos reprocha a Ábalos que recurriera el reglamento de Barcelona poniéndose "del lado de las multinacionales que precarizan el empleo y tienen sede en paraísos fiscales". Ahora el grupo confederal advierte de que está a la espera de ver el texto del decreto y de lo que decidan los taxistas en las asambleas correspondientes". "Lo fundamental es que se blinden las licencias urbanas y se permita a los entes urbanos asegurar que se cumple la tasa del 30/1", señalan fuentes oficiales.
Tampoco auguran paz desde PP y Ciudadanos. Ambos partidos han registrado una solicitud de comparecencia del titular de Fomento para que dé explicaciones. Pablo Casado ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por las movilizaciones de los taxistas. Para el líder conservador, Mariano Rajoy dejó "la situación arreglada y consensuada" entre el sector del taxi y los vehículos VTC. "Ahora llega el PSOE y ha roto ese consenso, que lo arregle", sentenció.
PP y Ciudadanos, a por Ábalos
El Gobierno se defendió del ataque al asegurar que el conflicto es una "herencia recibida" de la anterior administración. El secretario de Estado aseguró que se trata de "un problema estructural heredado del Gobierno anterior, que no supo abordar adecuadamente el desequilibrio en contra del taxi" dado que el decreto con el que se limitaron las licencias de los VTC no se estaba cumpliendo.
En medio de ese rifirrafe, Ciudadanos apenas ha entrado más allá de solicitar la comparecencia de Ábalos y ha cargado contra Colau por "engañar" a los taxistas con un reglamento "ilegal" que ha propiciado la huelga –que se inició en Barcelona, siguió en Madrid y se amplió a otras ciudades de España–. No obstante, el de Albert Rivera es el partido más cercano a los VTC: fue el único que se abstuvo en la votación del decreto que les ponía coto al entender que era un "parche" que iba en contra del "progreso".
Por ahora el próximo frente del Gobierno es la reunión de este martes con los representantes de los VTC. Unauto, la patronal de empresas de vehículo de alquiler con conductor, ha denunciado el "chantaje" que los taxistas están realizando a toda la sociedad con el fin de "mantener su monopolio y no permitir competencia" a su negocio.