El pleno de ayer del Parlamento Europeo fue el relato de cómo una acción aparentemente benéfica, la defensa de los principios de la democracia liberal en Hungría, ha acabado ampliando la tremenda división que se está fraguando en Europa. Y la primera víctima va a ser el Partido Popular Europeo, obligado a definirse en la votación prevista para hoy sobre si se debe poner en marcha el mecanismo del artículo 7 del Tratado, que podría desembocar en sanciones contra este país. Por primera vez, se habló también abiertamente en la cámara de Estrasburgo de la hipótesis de que este país salga de la Unión Europea.
En el escaño que ayer ocupó el primer ministro húngaro se focalizaron todas las tensiones que se han acumulado en Europa en el debate sobre la inmigración y sobre el futuro de los Estados que forman la UE. La votación va a definir la relación entre las fuerzas esenciales que intentan definir el futuro, a menos de un año de las elecciones europeas de mayo.
Orban, desafiante
Durante más de dos horas, los oradores se dedicaron a cavar en esta fractura entre los que creen que los principios democráticos esenciales deben ser considerados en peligro con la acción de determinado gobierno, incluso cuando bastante más de la mitad de la población lo apoya. Orban respondió envolviéndose precisamente en la bandera húngara y contestó que con esta iniciativa «no están juzgando a un Gobierno, sino que están condenando a un país». El primer ministro habló incluso de «chantaje» contra Hungría por su política explícita de no acoger extranjeros. «Hoy, por primera vez en la historia de la UE, una comunidad quiere condenar a sus propios guardafronteras. Hablemos con claridad, se quiere condenar a Hungría porque los húngaros decidieron que nuestra patria no iba a ser un país de inmigrantes». Desafiante, el primer ministro dijo que la votación no cambiará su política sea cual sea el resultado porque «es una cuestión de honor que hiere a Hungría y al pueblo húngaro». Y para rematar señaló que «en Hungría las decisiones las toman los húngaros en las urnas y son ustedes los que les están diciendo que no saben lo que hacen».
La Comisión Europea, que lleva años discutiendo con Orban sobre los asuntos concretos que cree que no se corresponden con los principios esenciales de la Unión o porque se niega a cumplir con los acuerdos, como por ejemplo en el caso del reparto de refugiados, no quiere pronunciarse sobre el artículo 7, porque en este caso primero tiene que votarse en el Parlamento, por una mayoría de dos tercios, y porque si sigue sin haber acuerdo prefiere que sean los jueces de Luxemburgo quienes decidan. «La Comisión se atiene al tratado. No puedes usar el argumento de la democracia para saltarse las reglas. Seguiremos dialogando con ustedes y los llevaremos a los tribunales si pensamos que han violado las reglas», dijo el vicepresidente Frans Timmermans, pero sin responder a los argumentos nacionalistas de Orban.
La presidencia austriaca aceptó participar en el debate, puesto que si se aprueba el informe le corresponderá intervenir al Consejo, y a pesar de sus propias divisiones internas «actuará con honestidad, prestará atención a todas las opiniones expresadas aquí, pero no tendrá miramientos con el respeto a los derechos fundamentales». Sin embargo, en el Consejo Europeo es poco probable que prospere cualquier tipo de debate sobre las sanciones a Hungría. Sobre todo después de que la autora del informe contra Orban, la ecologista holandesa Judith Sargentini, dijera para apoyar su trabajo que ya han pedido que se inicien otros sobre la situación en Rumanía, Malta y Eslovaquia. Por no mencionar el expediente que ya tiene abierto Polonia. Los mismos gobiernos que tienen que aprobar las críticas a Hungría deberían empezar a poner sus barbas a remojar.
Aliados euroescépticos
El portavoz del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, tiene que gestionar la inevitable fractura del grupo parlamentario. Además de los diputados húngaros e italianos que ya han dicho que votarán a favor de Orban, una parte de los de los demás países, sobre todo los del este de Europa, van a seguirles y los demás grupos políticos van a reprocharle en la campaña electoral el haber respaldado a un dirigente de mala reputación a ojos de lo políticamente correcto.
Los socialistas, liberales y verdes, así como los grupos de la Izquierda Unitaria, votarán a favor de poner en marcha el mecanismo de sanciones. Los euroescépticos y populistas de derecha votarán junto a los nacionalistas y antieuropeos en contra. El demagogo británico Nigel Farage llegó incluso a ofrecer a Orban su apoyo para que «se venga con nostros al campo del Brexit, donde se lo pasará muy bien». La cuestión se ha convertido en el elemento más divisivo en la UE.
