A través de su vicepresidenta, el Gobierno de Pedro Sánchez avanzó ayer «en el desarrollo del contenido de la declaración de Pedralbes» para «establecer los mecanismos para un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política sobre el futuro de Cataluña». Tras este calculado ejercicio de retórica, habitual en las comunicaciones del Ejecutivo, se encuentra el propósito de ceder al chantaje al que el separatismo somete al conjunto de España, incluidos los propios catalanes, principales víctimas de este juego. La debilidad parlamentaria del Gobierno de Sánchez no solo se plasma en unos presupuestos cuya letra responde al guión del entreguismo, privilegiando a Cataluña frente a otras regiones, sino que tiene una variante política, aún más lesiva para el interés general, que pasa por establecer ese inadmisible «diálogo efectivo» que satisfaga las demandas del independentismo de Torra y Puigdemont, lo que el Ejecutivo socialista denomina en su comunicado «el futuro de Cataluña».
Mientras Torra pide mediación e intervención extranjera para solucionar lo que considera un conflicto, el Gobierno compra su mercancía, legitima su victimismo y le ofrece una mesa de diálogo bilateral que atenta contra los mismos cimientos jurídicos y morales de la nación. Ayer mismo, el Parlamento extremeño -con los votos del PSOE- denunció esa «bilateralidad» y pidió la aplicación del artículo 155 «de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera». Pedro Sánchez insiste en «normalizar» un indisimulado proceso de secesión que del golpe de Estado callejero ha pasado a los despachos. No es «el futuro de Cataluña», como se empeña en señalar el Gobierno, lo que está en juego, sino el futuro de España, en venta por un Ejecutivo decidido a sacrificar la historia y el futuro de su propio partido.
