Semáforo rojo para los países “sin principios”
La Eurocámara aprueba un reglamento para quitar fondos comunitarios a países que atenten contra principios y valores fundamentales de la UE. Poco a poco, con mucho esfuerzo y casi a trompicones, las instituciones de la UE reaccionan al órdago que países como Polonia, Hungría o Rumanía plantean desde hace tiempo a Bruselas en materia judicial y de derechos y libertades. Ayer la Eurocámara aprobó por 397 votos a favor, 158 en contra y 69 abstenciones un proyecto legislativo que pretende congelar los pagos comunitarios a los países miembros que no respeten la separación de poderes o que permitan delitos como la evasión de capitales o el fraude y la corrupción. Entre los que votaron en contra, tres de los eurodiputados de Podemos -Xabier Benito, Miguel Urbán y Tania González-. Entre las abstenciones, las de los eurodiputados de IU Javier Couso, Paloma López Bermejo y Ángela Vallina, además de Lola Sánchez (Podemos) y Lidia Senra (AgE).
Según la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, ponente del informe, “la idea es contar con un mecanismo viable que pueda sancionar a aquellos Estados miembros que se saltan no solo el Estado de derecho, sino todos los valores de la Unión. Pertenecer a un grupo de Estados con los valores de la UE tiene que ser algo a lo largo del tiempo. Es muy difícil entrar en la UE -e incluso es muy difícil salir de la UE-; tienes que cumplir una serie de requisitos, pero una vez dentro parece que nadie controla que esos requisitos se cumplan. Ahora mismo existe una serie de mecanismos para ello, pero son muy difíciles de movilizar y la Comisión pensó que através del presupuesto se podían establecer un sistema”, declara a LA RAZÓN.
“El nuevo sistema consistiría en que la Comisión, basándose en el informe de un panel de expertos que hemos puesto en marcha, en decisiones del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de Justicia puede dictaminar que hay una violación del derecho europeo y de los derechos y valores de la UE. Entonces propondrá una serie de sanciones a través de presupuestos, una propuesta que solo podrá ser modificada o rechazada por una mayoría del Parlamento europeo y por una mayoría cualificada del Consejo. Por tanto, rechazar esa propuesta será complicado y esto da seguridad de que la Comisión pasará un informe razonado”, añade Gardiazábal.
Así, los fondos comunitarios podrán reducirse o llegar a suspenderse si la Comisión aprecia “deficiencias generalizadas en lo relativo al Estado de derecho" que amenacen la gestión del dinero europeo. La UE se vería obligada a activar el proceso si el país socio no investiga y castiga la corrupción, el fraude, incluida la evasión de capitales. También si los tribunales no son independientes, que no se castiga la evasión fiscal o que las autoridades encargadas del control financiero no operan como deben. Uno de los factores que pueden hacer más operativo este modelo es que, tras la advertencia del Ejecutivo comunitario, la Eurocámara y el Consejo podrán dar el visto bueno a la suspensión de pagos sin necesidad de unanimidad
“En un primer paso lo que se hace es congelar fondos comunitarios, dándole tiempo al Estado miembro al que se le amenaza con sanción a justificarse e incluso a modificar aquello de lo que se considera que viola el derecho de la UE. Si esto se corrige, se descongelan los fondos y vuelven a su destino inicial. Si no se corrige, en un plazo de dos años, ese dinero vuelve a la UE y se utilizará en otros programas y países”, añade Gardiazábal, quien reconoce que ha sido la situación en Polonia y Hungría la que ha acelerado los trabajos, “pero lo que hemos querido hacer en este Parlamento es que haya un mecanismo objetivo que no vaya a atacar directamente a un país, sino a unos hechos objetivos. Por tanto cualquier puede ser sancionado, y no solo por el Estado de derecho, sino también por ataques a la democracia, a los derechos fundamentales, por fraude y evasión fiscal o incluso por competencia fiscal desleal. Lo hemos ampliado mucho más. Somos una comunidad de derechos y deberes, y no vale quedarse solo con los beneficios económicos de la Unión Europea, sino que hay que cumplir”. La eurodiputada socialista confía además en que la iniciativa esté aprobada pronto: “Nos ponemos a negociar ahora con el Consejo el acuerdo final. En el Consejo hay bastante división, pero sé que la Presidencia rumana tiene bastante apego a este informe, lo tiene como prioridad, y quiere aprobarlo durante su mandato, o sea que a ver si con un poco de suerte lo aprobamos antes del actual mandato”.
Varsovia y Budapest, las capitales señaladas Si es así, los primeros afectados serían Varsovia y Budapest, señaladas, entre otras cosas, por sus carencias en cuestiones como la separación de poderes. Bruselas llevó el año pasado a Polonia ante la justicia europea por considerar que la reforma de su Tribunal Supremo, aprobada por el Gobierno del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), rompía con la independencia del Poder Judicial, algo que confirmó la Corte europea. En 2017 había activado el llamado “botón nuclear”, el mecanismo que podría dejar sin derecho de voto al país en el Consejo por este motivo. El pasado mes de septiembre, el Parlamento Europeo propuso lo mismo con el Gobierno de Viktor Orban por atacar la libertad de expresión, la de prensa, pero todavía Bruselas no ha ido más allá. Llama la atención las palabras de Gardiazábal sobre el proyecto cuando Rumanía asume Presidencia de la UE después de que su Gobierno haya aprobado una polémica reforma judicial que beneficia a implicados en casos de corrupción.