Xunta y comité reclaman una nueva regulación para atraer a un inversor

El comité de empresa de Alcoa y la Xunta hacen frente común para reclamarle al Gobierno central la elaboración de un nuevo marco eléctrico que ofrezca «certezas» a las empresas que podrían estar interesadas en las factorías de La Coruña y Avilés. Tras una reunión mantenida este viernes en Santiago entre los representantes de los trabajadores y el conselleiro de Economía, Francisco Conde, el presidente del comité de la planta herculina, Juan Carlos López Corbacho, manifestó que «no tiene dudas» de que, si se regulase el mercado energético antes del 30 de junio, ambas fábricas podrían resultar atractivas para un futuro inversor. «Es necesario que se implique el Ministerio de Transición Ecológica», reivindicó. Del mismo modo, Conde reclamó al Ejecutivo socialista «concreción» y pasar «de las palabras a los hechos» en este aspecto.


Entre las medidas que demanda el Gobierno gallego destaca la creación de la figura del «consumidor electrointensivo», la reducción en un 90% de los peajes de acceso en la parte relativa al coste del transporte o el establecimiento de mecanismos de compensación por CO2 de carácter trimestral. La implantación de estas propuestas con carácter retroactivo desde el 1 de enero no solo favorecería a Alcoa sino a otras empresas grandes consumidoras de electricidad que operan en Galicia y en el resto de España. En este sentido, el titular de Economía subrayó que la Xunta «seguirá del lado de los trabajadores» para exigirle al Gobierno central que «pise el acelerador».


En cuanto al futuro de las fábricas de La Coruña y Avilés, los trabajadores de ambas factorías decidirán el próximo lunes si apoyan el preacuerdo alcanzado entre empresa y sindicatos que garantiza el mantenimiento de los empleos hasta el 30 de junio para dar tiempo a un inversor a hacerse cargo de ambas plantas. En caso de que no hubiese ninguna empresa interesada, el preacuerdo incluye un conjunto de medidas que ofrecen distintas soluciones de empleo, prejubilaciones o recolocaciones a 355 empleados de un total de 623 trabajadores. Si los empleados no respaldan este preacuerdo se iniciaría el proceso de cierre de las fábricas y el despido del cuadro de personal. «Si el martes esto se ratifica [en referencia al preacuerdo] pero al final esto es un desastre, no aparecen inversores y no aparece una solución industrial que dé continuidad a los empleos, habrá otros culpables, en este caso serán el Gobierno y las distintas administraciones autonómicas», remarcó López Corbacho, insistiendo en su apelación al Ejecutivo central.


Quejas en San Cibrao
De aprobarse, el preacuerdo en La Coruña y Avilés tendría repercusiones en la planta de la multinacional en San Cibrao, ya que Alcoa plantea un plan de bajas y prejubilaciones en la planta lucense que permitiría la recolocación de 106 empleados de La Coruña y Avilés. Desde la factoría ubicada en Cervo cuestionaron esta medida por entender que supone «extender» el ERE a la fábrica instalada en la provincia de Lugo. El presidente del comité de empresa de La Coruña aseguró que entenderán «cualquier postura» por parte de los trabajadores de Cervo, ya que «es a ellos a quienes le corresponde decidir».