Al margen de criterios éticos, suficientes para rechazarla, una de las razones por las que la pena de muerte ha ser excluida del ordenamiento jurídico de las sociedades civilizadas es precisamente porque los humanos podemos equivocarnos: unos se equivocan en sus conductas y por ello deben ser sancionados, pero otros se pueden equivocar en sus apreciaciones, incluso ante hechos más que evidentes. El veredicto del jurado que ayer consideró culpable de asesinato a Pablo Ibar entra dentro de esa delgada línea que hay entre los hechos ciertos y la parte que consideramos verdadera, verosímil o no. Se han celebrado cuatro juicios, de los que han resultado otras tantas apreciaciones contradictorias. Si este último veredicto hubiera sido el contrario -no culpable-, al menos se le hubiera podido devolver la libertad. Sin embargo, en caso de una condena a muerte, una vez ejecutada la pena, el castigo resulta irreversible. En un caso rodeado de tantas dudas, y después de más de veinticuatro años en prisión, Ibar habría pagado su responsabilidad, por lo que valdría la pena empezar a considerar -como debiera hacerse también en España antes de liberar a un preso- si es una persona rehabilitada o no, antes de cualquier otra consideración.
La Justicia norteamericana, sin embargo, tiene un cierto ingrediente de competitividad. El gesto del fiscal Chuck Morton de abandonar expresamente su retiro para actuar en contra de Pablo Ibar revela ese factor batallador, en el que la estadística de casos ganados pasa a veces por encima de cualquier otra cuestión. Ese pundonor es bueno en el deporte, pero puede tener a veces efectos indeseados en la vida social. Naturalmente, en este caso hubo víctimas y en su nombre también es razonable reclamar justicia. Justicia sí, pero no venganza.
