La Junta y los sindicatos acuerdan recuperar la jornada laboral de 35 horas
De este modo, el Gobierno autonómico y los sindicatos pactan recuperar la jornada laboral de 35 horas volviendo a la situación previa a la entrada en vigor de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, ha informado la Junta en un comunicado.
La jornada de 35 horas se realizará a partir del 1 de junio de 2019 pero su implantación para los 85.000 empleados públicos requiere de modificaciones normativas y la adaptación de los calendarios laborales, lo que puede demorarse unos meses.
Para hacer posible la efectividad de las 35 horas desde el 1 de junio, se aplicarán transitoriamente los acuerdos adoptados en materia de jornada, manteniendo la flexibilidad horaria anterior a estos acuerdos.
Los acuerdos suscritos se mejoran con el presente acuerdo de manera que los días de compensación de 2019 se disfruten en su totalidad antes del 31 de marzo de 2020.
Para que los cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias puedan disfrutar de la jornada previa a la aprobación de la Ley 1/2012, se realizarán las actuaciones que implanten la aplicación de la jornada laboral de 35 horas en las partes lectivas, complementarias y de libre disposición el 1 de septiembre de 2019.
Los firmantes trasladan al Gobierno que se forme tras las elecciones la necesidad de realizar las modificaciones normativas necesarias para implantar la jornada de las 35 horas antes de finalizar la vigencia de los acuerdos de jornada. En el caso de que no sea posible aprobar los textos antes del 30 de septiembre, solicitan a la Junta prorrogar los acuerdos hasta que se produzcan las modificaciones normativas necesarias.
Así, la Junta de Castilla y León elaborará la propuesta de modificación de los textos normativos y propuesta de calendarios laborales para octubre, noviembre y diciembre de 2019 antes del 24 de junio de 2019 para avanzar en su aprobación. La aplicación del Acuerdo podrá suponer contrataciones para el refuerzo de las plantillas en los sectores prioritarios de sanidad, educación, servicios sociales y resto de sectores declarados como tales.