Reto del Congreso, una ley de extinción de dominio eficaz
Las ganancias obtenidas por las organizaciones delincuenciales, así como la sofisticación de sus operaciones ponen a prueba la capacidad del Poder Legislativo para aprobar una legislación de extinción de dominio eficaz en su cometido.
Además, de acuerdo con el estudio “La extinción de dominio. Apuntes de la reforma de 2019 a los artículos 22 y 73 constitucionales”, realizada por la investigadora Lorena Vázquez Correa, pondrá a prueba la capacidad del nuevo régimen para reformar la estructura de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
El análisis refiere que entre 2012 y 2016 el monto total de los bienes sobre los que fue procedente la declaración de extinción de dominio en el país alcanzó 15 millones de dólares, de acuerdo con datos de la otrora Procuraduría General de la República.
No obstante, en 2015-2016 sólo se ganó un juicio por parte de las autoridades federales en materia de extinción de dominio por la cantidad de 90 mil pesos.
Desde la semana pasada, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, trabajan en un dictamen que prevé aplicar la extinción de dominio en hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos.