El Cermi reclama al Gobierno que exima a las personas con discapacidad del pago de entradas a servicios culturales
Así lo ha trasladado el comité en una misiva dirigida al ministro en funciones de Cultura, José Guirao, en la que la entidad lamenta que el Ministerio continúe sin contemplar exenciones o descuentos en las entradas de acceso a servicios culturales ofrecidos por Organismos dependientes de este Departamento como el ICAA (Filmoteca Nacional-Cine Dore) y el INAEM (Teatros Nacionales, Auditorio Nacional, etc.).
Sin embargo, otros organismos autónomos adscritos a ese Departamento, como el Museo Nacional del Prado o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que tienen libertad de fijar sus propias tarifas, reconocen la exención total de precios para las personas con discapacidad en el acceso a sus colecciones.
Por ello, dado que en los organismos del ICAA y del INAEM sí existen tarifas especiales para grupos como personas mayores, personas desempleadas o menores de edad, el CERMI reclama que se tenga en la misma consideración a las personas con discapacidad, debido a la situación de vulnerabilidad palmaria en la que se encuentra el sector de la discapacidad en el acceso a bienes y servicios públicos, al encontrarse en una mayor situación de desventaja social y económica.
Medidas de acción positivas
Así, en opinión de la plataforma, es necesario que el Ministerio de Cultura establezca una directriz que equipare al grupo social más beneficiado en cada caso a las personas con discapacidad en el precio de las entradas.
Por último, la entidad recuerda que la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social reconoce las
medidas de acción positivas, consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a lograr o acelerar la igualdad de derechos y su participación plena en todos los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.
Igualmente, el establecimiento de medidas de este tipo son fundamentales para el cumplimiento del artículo 30 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.