El Govern entra en campaña con la regulación del alquiler
El Govern ha entrado de lleno en la campaña electoral justo en el sprint final. Con el independentismo muy cerca de vencer en Barcelona, el gobierno catalán ha aprobado esta mañana un decreto Ley para regular el precio del alquiler, una iniciativa no exenta de tensiones en el propio ejecutivo, ya que ha sido impulsada por la conselleria de Justicia, en manos de ERC, contra las reticencias de JxCat. La norma, que deberá ser convalidada durante los próximos 30 días por el Parlament, permitirá poner coto a los precios del alquiler en áreas en las que el valor de los arrendamientos estén disparados.
En el caso de Barcelona, el propio Ayuntamiento tendrá la potestad de declarar en qué zonas hay un “mercado de vivienda tenso”. En el resto de municipios, será la Generalitat quien lo haga a petición de los consistorios. En las zonas así declaradas, los precios del alquiler solo podrán ser en un 10 por ciento superior al índice de referencia de precios del alquiler -aprobado en 2017 y fijado en base a una media del precio del alquiler; que disponga de ascensor o certificado energético; o, la ubicación-. En viviendas de nueva construcción o recién rehabilitadas, el margen para fijar el precio será 10 puntos superior -de un 20 por ciento sobre el índice- durante los cinco años posteriores. Los contratos ya formalizados una vez entre en vigor el decreto no podrán ser modificados.
Los requisitos que fija el decreto para determinar dónde hay un “mercado de vivienda tenso” serán, entre otros, que el crecimiento del precio del alquiler y el peso que tenga ese gasto dentro del presupuesto familiar sean claramente superiores a la media de Cataluña; que haya una desproporción entre el aumento de la población y el número de viviendas de alquiler disponibles; o, que el coste de los alquileres crezca por encima del IPC de la zona
Han comparecido, de manera extraordinaria, la consellera de Justicia, Ester Capella, (ERC) y el conseller de Territori, Damià Calvet (JxCat). Una señal de las tensiones que ha despertado esta medida, aunque ambos, naturalmente, han optado por desterrar cualquier atisbo de desavenencia. También ha presenciado la rueda de prensa la diputada de la CUP, Maria Sirvent, pero que no ha podido preguntar, tras impedírselo la portavoz del Govern, Meritxell Budó.
Capella ha reivindicado que es una medida pionera en el Estado, aunque lleva ya años siendo una “realidad” en Europa. En este sentido, ha rechazado que sea “electoralismo” sino una herramienta para dar solución a “las víctimas de los abusos”. El decreto Ley, ha recordado, se desarrolla conforme a un mandato del Parlament -se aprobó una moción-. Por su parte, Calvet, ha puesto el acento sobre la necesidad de contener la “burbuja inmobiliaria y reajustar los precios del mercado” mediante esta medida y ha rechazado cualquier reticencia sobre esta iniciativa. El responsable de Territorio ha asegurado que todas las medidas se aprueban de forma unitaria, aparcando intereses partidistas: “Desplegamos como gobierno nuestra obsesión de incrementar el parque de vivienda y regular el precio del alquiler”. No obstante, la semana pasada, la candidata de JxCat en Barcelona, Elsa Artadi, consideró que este tipo de medidas no funcionan y apostó por facilitar la construcción de más vivienda social.
Asimismo, más allá del decreto Ley, también se ha aprobado la memoria preliminar del anteproyecto de Ley de arrendamientos, que incorporará el mecanismo para contener el precio del alquiler, y regulará otros aspectos como el plazo mínimo de duración del contrato o el derecho preferente del arrendatario.