Las educadoras de escuelas infantiles en manos privadas, en huelga por unos sueldos que rozan la pobreza
La mayoría de los expertos educativos —amparados por la OCDE o la Unesco— insisten en la importancia de la escolarización temprana. No solo por lo que en el aula se aprende, sino porque se socializa y potencia el éxito académico y el ascenso social, al frenar las desigualdades. Aun así, el 62% de los menores de tres años no están escolarizados. Por eso, los partidos llevan en sus programas para las elecciones de este domingo la universalización de las escuelas de 0 a 3 años —gratuidad en centros públicos o cheques escolares en la concertada—. Pero ninguno entra al debate de las condiciones laborales de quienes trabajan en escuelas privadas de barrio (antes guarderías) o centros públicos de gestión indirecta, que son propiedad de Ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas pero que están administrados por empresas. Cuando se firme este miércoles el convenio del sector, los educadores infantiles van a pasar de ganar 790 euros netos al mes a 830 euros si trabajan en un centro privado, y de 810 euros netos a 900 euros cuando se vuelva a licitar el contrato si el empleo es en un centro público externalizado.