Dictadura de Ortega persiste en su “ley del perdón”
La dictadura orteguista se encamina aceleradamente a convertir en ley un plan de reparación de víctimas, que ha sido criticado por varios sectores de la sociedad civil, porque daría una amnistía a los policías y paramilitares señalados de cometer crímenes contra la población.
La llamada “ley del perdón”, cuyo nombre oficial es "Ley Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista", sería remitida esta semana a la Asamblea Nacional, donde el régimen cuenta con una aplanadora legislativa, por contar con una mayoría de diputados y partidos aliados.
- Ola de represalias contra negocios
- Paro ciudadano: rechazo total a la dictadura
- Mario Arana: “Lo más exitoso fue el paro de consumidores”
La aprobación de esta legislación se enmarca en el “Programa de trabajo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para consolidar estabilidad y paz en Nicaragua”, que presentó la semana pasada el régimen, como parte su agenda unilateral en el diálogo nacional. La dictadura promueve un monólogo luego de que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), se retiró de las negociaciones, el lunes 20 de mayo, por el incumplimiento de acuerdos por parte del oficialismo.
El canciller Denis Moncada Colindres aseguró que la legislación beneficiará “a aquellas personas y familias, que fueron víctimas del terrorismo golpista, que perdieron seres queridos, que sufrieron pérdidas materiales, y que todavía hoy deben ser atendidas por lesiones sicológicas graves, derivadas de las acciones violentas del fallido golpe de Estado”.
El diplomático anunció que el proyecto de ley sería discutido este martes en el plenario de la Asamblea Nacional, pero hasta el cierre de esta nota, no fue presentado.
Temen impunidad
La Asociación Madres de Abril (AMA) rechazó la creación de una ley de amnistía en Nicaragua, porque considera que esa legislación busca dejar impune todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Nicaragua y contribuye a borrar la memoria colectiva de la población nicaragüense.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) determinó en su informe final que el régimen cometió crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la represión a las protestas cívicas de 2018.
Josefa Meza, madre de Jonathan Morazán asesinado el 30 de mayo de 2018, leyó un comunicado de AMA que dice: “No a la llamada Ley de Reconciliación Nacional porque omite elementos centrales como el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos, sus causas y consecuencias, procesos penales diligentes e imparciales que permitan identificar, juzgar y sancionar a los responsables de dichas violaciones”.
“No a la ley de amnistía como una solución jurídica a la crisis. No admitimos una amnistía no solo porque permite librar de juicios y condenas a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos, sino porque además permite imponer el olvido y borrar la memoria colectiva de Nicaragua”, continuó Meza.
No incluye delitos de lesa humanidad
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez aclaró que una amnistía no incluye a los delitos de lesa humanidad, por lo que el primer Gobierno democrático que se instaure en Nicaragua podría “anular” una ley que lo establezca.
“Las amnistías son decisiones políticas. El primer problema que tenemos en Nicaragua, es una institucionalidad democrática en ruinas”, comentó.
El experto explicó que las amnistías pueden funcionar si se aprueban de consenso y sino rompen con principios elementales de convivencia y del estado de derecho contemporáneo.
Verdad, justicia, reparación y no repetición
Lizeth Dávila, madre de Álvaro Conrado, uno de los adolescentes asesinados, demandó “verdad, justicia, reparación y no repetición”. Señaló –además- que en el último año no hubo ninguna investigación y tampoco se procesó a nadie por el asesinato de más de 300 manifestantes en el país.
Estas cuatro demandas de las madres están incluidas en el capítulo de justicia, que pretendían negociar la Alianza Cívica con el régimen orteguista.
Dávila expresó: “Desde el inicio se ha visto que no hay ningún tipo de voluntad política para esclarecer ninguno de los crímenes que han cometido… cómo va alguien a echarse tierra a sí mismo, por eso no tienen interés por esclarecer estos casos”, dijo.
“La herida sigue abierta”
El debate sobre una ley de amnistía en Nicaragua surge en la víspera del primer aniversario de la masacre ocurrida durante “La madre de Todas las Marchas”, es por ello que las madres de las víctimas convocaron a la población nicaragüense a participar en una misa este jueves 30 de mayo a las 11:00 a.m., en la Catedral Metropolitana de Managua.
Guillermina Zapata, madre de Francisco Reyes Zapata, asesinado durante la masacre del 30 de mayo, hizo un llamado al Gobierno a que “respete el dolor” de las familias.
“Para el Gobierno de doña Rosario (Murillo), si ella dice paz, amor y reconciliación, que nos lo demuestre, que nos pongas las patrullas (policiales) en las entradas de la Catedral y que respete el dolor que nosotros tenemos todavía, porque es una herida que no se ha cerrado a un año de la muerte de tantos muchachos”, manifestó Zapata.