Un grupo de trabajo de la ONU pide la liberación de los presos
Al independentismo le han bastado 24 horas para pasar página del revés que le ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que el martes rechazó el recurso que Carles Puigdemont presentó contra la suspensión del Pleno del 9 de octubre de 2017 que debía proclamar la independencia. Ayer trascendió un informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pide la liberación de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras. Un espaldarazo a la causa, muy escasa de apoyos y victorias internacionales a lo largo estos años, y que, además, se produce en el tramo final del juicio a los líderes del “procés”.
El documento, de 19 páginas y fechado el lunes, se alinea prácticamente con todo el argumentario independentista y concluye que los tres dirigentes políticos deben ser puestos “inmediatamente en libertad” y el Estado debe “concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipo de reparación”. El órgano, que obvia que la consulta del 1 de octubre había sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, resalta que los plebiscitos están permitidos en España “para una amplia gama de temas” y considera que los “llamados a celebrar procesos de participación (...) son legítimas expresiones del ejercicio de libertad de opinión y de expresión”. En este sentido, rechaza la imputación por sedición y, después por rebelión, a los tres políticos tras el escrache del 20 de septiembre al operativo judicial en la conselleria de Economía: a su parecer, sus acciones anteriores a la “protesta social” del 20 de septiembre “no fueron violentas” ni “incitaron” a ella, así como sus conductas “no han dado como resultado hechos o actos de violencia”.
Asimismo, el informe cuestiona la competencia y la imparcialidad del tribunal que juzga a los tres políticos. Por un lado, concluye que hay elementos “que permiten suponer que jueces que han tenido conocimiento del asunto han tenido ideas preestablecidas sobre el mismo”. Por otro, juzga que la legislación nacional atribuye “la competencia a la jurisdicción de la localidad donde se encontró el supuesto delito”. “El Grupo de Trabajo ha considerado arbitraria la privación de libertad cuando esta es destinada a reprimir a miembros de grupos políticos para silenciar su reclamo en favor de la autodeterminación”, añade. La demanda a la ONU fue presentada en febrero de 2018 por Ben Emmerson -letrado británico especializado en derecho internacional-, y el Gobierno dispuso margen para presentar sus alegaciones hasta noviembre.