Un juez cerca a la alcaldesa de Móstoles mientras el PSOE espera al Comité de Ética
Ayer, su socio en el Consistorio, Más Madrid Ganar Móstoles, rompió el tripartito -formado junto al PSOE y Podemos- obligando a Posse a gobernar en minoría. Esta ruptura llega en medio de un enrarecido clima donde los casos de «enchufismo» se acumulan en el seno de un Ayuntamiento cada vez más desquebrajado. «Se nos van agotando las palabras ante esta sucesión de decisiones más que cuestionables», declaraba días atrás el portavoz de Ganar, Gabriel Ortega, claro anticipo de lo que finalmente ha sucedido. Sus dos concejales, el propio Ortega, al frente de Cultura y Políticas Medio Ambientales; y Susana García Millán, portavoz del grupo, presentaron su renuncia tras pedir en reiteradas ocasiones la salida de Posse.
El último episodio de nepotismo, relacionado con la colocación de Carmen Rosas Camacho como coordinara general de Urbanismo después de ser avalada por Jesús Miguel Espelosín -otro de los polémicos cargos de confianza, revocado en este caso por un juez- ha elevado la presión sobre la alcaldesa de Móstoles, anclada en un callejón sin salida. Pese a las críticas veladas enviadas desde la dirección del PSOE («Esa es una decisión que ella debe asumir y la responsabilidad política tiene un camino», afirmaba ayer sin ir más lejos la vicesecretaria general, Adriana Lastra, cuestionada sobre si Posse debería dimitir), la alcaldesa de Móstoles todavía aguanta el pulso sostenida por la ambigua posición de su partido.
A este frente se le suma la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, Pablo Ruz, de abrir la posibilidad para investigar a la regidora por un posible caso de falso testimonio. El magistrado determina en un auto, que adelantó ayer La Vanguardia, que Noelia Posse podría haber mentido como testigo en sede judicial cuando fue a testificar por una posible agresión denunciada por el anterior director de Hacienda y Patrimonio, Agustín Martín. El ataque habría ocurrido dos meses después de que el exedil socialista denunciase ante la Fiscalía Anticorrupción, en enero de este año, una serie de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos dentro del Ayuntamiento. Tras destaparse el escándalo, Posse convocó una reunión de urgencia en la que estaba citado el propio director de Hacienda. En la misma, según su declaración, Martín habría sido golpeado con «agarrones, empujones, zarandeos, enganchones y forcejeos».
El denunciante, que fue destituido el mismo día del encuentro, acudió de nuevo a la Justicia para alertar de la agresión, además de otros delitos como el de obstrucción a la Justicia. El juez Ruz citó a varios testigos, entre ellos a la propia regidora, que negó los hechos y ofreció explicaciones que ahora el magistrado estima que faltan a la verdad. Por ello -en contra del criterio de la Fiscalía que pedía el sobreseimiento libre de todos los delitos-, envía el asunto a reparto para que otro Juzgado lo investigue si así lo considera oportuno.
En medio de toda la espiral, Adriana Lastra señaló ayer que los socialistas están «sorprendidos y disgustados» con Noelia Posse al tiempo que confirmó que ya está convocada la Comisión de Ética y Garantías. En ese sentido, la vicesecretaria general del PSOE pidió «respeto» hacia el trabajo de la Ejecutiva regional, que tiene «todo el respaldo y confianza» de la federal.
Con el último nombramiento destapado, son ya siete los casos de colocación que afectan al Ayuntamiento de Móstoles. La hermana de la alcaldesa, Laura Posse, revocada como coordinadora de mensajes y redes sociales; su tío, Héctor V. Posse, que dejó su puesto como director técnico administrativo de Deportes; su expareja Gonzalo Sánchez Oliva, con un complemento salarial de 800 euros; la coordinadora de Gabinete de Alcaldía, Alicia Domínguez Villarino; el gerente del Instituto Municipal del Suelo, Luis Vázquez; el gerente de Urbanismo, Jesús Miguel Espelosín; y la coordinadora general de Urbanismo, Carmen Rosas Camacho.