Page, Vara y Lambán bloquean el impuesto a los ricos de Pablo Iglesias
Pablo Iglesias ha llevado a la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social la creación de un impuesto a las grandes fortunas, que afecte a los patrimonios superiores a 1 millón de euros. Una propuesta que Pedro Sánchez trata de desvincular de su programa de Gobierno, ante las presiones que está recibiendo de los barones del PSOE.
La pretensión del vicepresidente segundo del Ejecutivo viene siendo avalada también por los líderes de Podemos. El propio Pablo Iglesias la ha abanderado públicamente con insistencia.
Iglesias ha defendido en las últimas semanas que crear una tasa Covid “es un consenso no sólo en España sino en Europa” como vía para que “la tarea de reconstrucción tras la pandemia se lleve a cabo, y para ejercer la solidaridad con la patria como se hace en los países serios, que es aportando recursos a las arcas públicas”.
Iglesias no lo menciona directamente, pero hay ejemplos muy claros de quiénes serían los destinatarios de su propuesta estrella para la reconstrucción del país: por ejemplo, Amancio Ortega, presidente de Inditex.
Competencia autonómica clave a nivel fiscal
El impuesto sobre la riqueza vendría a sustituir al actual Impuesto de Patrimonio, y Podemos ha calculado que el Estado podría recaudar hasta el 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros.
Sin embargo, con esa denominada ‘tasa Covid’, el vicepresidente segundo no sólo trata de aumentar los ingresos de las arcas del Estado.
El objetivo de Pablo Iglesias es que el Gobierno central se haga con el control de un impuesto totalmente cedido ahora a las comunidades autónomas, y determinar desde el Ministerio de Hacienda qué impuestos sobre la riqueza se pagan.
El impuesto a los ricos de Podemos fulminaría de un plumazo una competencia autonómica clave a nivel fiscal. La Ley de financiación otorga a las comunidades autónomas la capacidad de decidir sobre el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio, sobre el tipo de gravamen o sobre sus deducciones o bonificaciones.
Los barones socialistas bloquean la medida
Así las cosas, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a varios líderes autonómicos socialistas, tres de los más destacados presidentes regionales del PSOE, Guillermo Fernández Vara, Emiliano García Page y Javier Lambán, se han dirigido a Pedro Sánchez para que bloquee de inmediato la propuesta.
Hay que recordar que el Impuesto de Patrimonio es un tributo cuya recaudación está cedida a las autonomías y que el año pasado recabó 1.130 millones de euros con amplias diferencias, ya que Madrid lo bonifica al 100% -e ingresó apenas tres millones-, frente a otras comunidades como Cataluña y Baleares que recaudaron en 2019 un 0,2% de su PIB.
Las fuentes consultadas por ECD recuerdan que un contribuyente con 800.000 euros de patrimonio, excluyendo los 300.000 de vivienda habitual, debería pagar cada año 1.164 euros en Aragón, 1.099 en Extremadura o 769,5 en Cataluña frente a los 50 euros de La Rioja o los 0 en Madrid en el mismo caso.
Por ello, los presidentes autonómicos se oponen frontalmente a la medida lanzada por Iglesias porque sus territorios, Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón, cobran ese impuesto pero si se convierte en estatal dejarán de percibirlo.
“Está obsesionado con castigar a Madrid”
Han traslado también al presidente del Gobierno que la propuesta de Pablo Iglesias surge simplemente como consecuencia de “su obsesión por castigar a Madrid y a Díaz Ayuso”, algo que Page, Vara y Lambán tratan de evitar que asuma también Pedro Sánchez porque esta vez sus territorios saldrían gravemente perjudicados.
La Comunidad de Madrid es la única región española que tiene bonificado al 100% ese impuesto, por lo que desde 2008 ningún contribuyente madrileño tiene que pagar nada por Patrimonio.
La ineficacia, las distorsiones y las duplicidades que generaba este impuesto llevaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a suprimirlo en 2008 a nivel estatal, pero en 2011, en plena crisis económica, el mismo Ejecutivo decidió recuperarlo y se ha ido prorrogando cada año desde entonces, incluso durante los mandatos de Mariano Rajoy.
Así, si el impuesto a las grandes fortunas de Iglesias prospera, serán los contribuyentes madrileños los más perjudicados por su puesta en marcha. En 2017, hubo 18.132 declarantes por este tributo en la región, con más de 9 millones de euros de media.