Es necesario un semáforo de inseguridad y violencia en Guanajuato

Para que la inseguridad y la violencia en Guanajuato no sean la nueva normalidad, se requiere de acciones decididas y contundentes, entre estas es necesario que tanto el Estado como el Municipio informen a la sociedad, de manera precisa,clara y honesta, un mapa o semáforo de la comisión de faltas y delitos.

Así como se informa el estado que guarda la pandemia del nuevo coronavirus y se ha creado un semáforo para el reinicio de las actividades productivas, así se debe de dar cuenta de lo que pasa en materia de la seguridad pública.

A la manera en que el Gobierno Federal da informes constantes de los hechos delictivos que se cometen en todo el país, y se hacen estudios de percepción de inseguridad y confianza entre la población, a través de distintas instancias, así es necesario que el Gobierno de Guanajuato y el Ayuntamiento de León hagan públicos los mapas de calor en faltas y delitos y no solo que los compartan con grupos de notables.

No se trata del morbo, sino de la necesidad de saber dónde pisamos, dónde es posible transitar, dónde es dable establecer un negocio, dónde se puede caminar con seguridad y dónde podemos vivir.

Con sus mapas, con su información, con análisis e inteligencia, la autoridad misma debe de establecer acciones concretas para brindar la seguridad pública, como primer deber del Estado hacia los gobernados y de alguna manera salir de los deshonrosos primeros lugares de criminalidad (homicidios dolosos) en que nos encontramos.

Tan solo en León nos estamos convirtiendo en la ciudad más violenta del país, cada mes estamos alcanzando un promedio de 70 homicidios dolosos; bueno, en mayo que termina fueron 69 asesinatos dolosos. Aquí no se cuentan los homicidios culposos y las muertes por el flamante y maldito coronavirus, que son menos.

Cada instancia, cada corporación de seguridad pública debe asumir y cumplir con su responsabilidad en el ámbito de sus competencias, pero se debe privilegiar y promover la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y no solo eso, sino que se debe incluir la participación del sector privado y la sociedad en general, bajo normativas específicas.

Luego de una revisión a la “Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública” vigente, creo que es necesario reformarla o emitir una nueva ley que haga efectiva y real la coordinación y colaboración de la Federación, los estados (incluyendo la Ciudad de México, ahora como entidad federativa) y los municipios.

Tras el análisis a esta legislación, se puede establecer que existen todos los fundamentos que privilegian la coordinación con un único fin de preservar la seguridad nacional (entendida como la inclusión de todos los órdenes gubernativos y geográficos), pero faltan mecanismos jurídicos para hacerla obligatoria a todos sus integrantes, con medidas de apremio y de sanción.

No es entendible que gobernadores o secretarios de seguridad falten a las reuniones informativas y de estrategia que les corresponden.

El trabajo de análisis de esta Ley y sus posibles reformas, adiciones o erogaciones, corresponde en primer término al Congreso de la Unión, pero bajo el precepto de Parlamento Abierto en donde la sociedad civil participe en forma directa.

En la colaboración de las instancias de seguridad pública debería de prevalecer la meta primordial de garantizar a la ciudadanía la seguridad, bajo los principios de respeto a los derechos humanos, las garantías individuales y el estado de derecho constitucional, más que los intereses particulares o políticos.

¿Qué se puede recomendar como parte esencial en esta coordinación entre órdenes de gobierno? Privilegiar el uso de unidades de inteligencia en seguridad pública, en todos los niveles, y de ahí partir para generar las estrategias, programas y acciones inmediatas para abatir los índices delictivos.

Es obvio que en los centros o unidades de inteligencia policial se deben establecer mecanismos de control y protección de información para el buen fin de cualquier acción en contra del crimen.

El uso adecuado la inteligencia, que no es otra cosa que la obtención, análisis y empleo de información privilegiada, permiten actuar de manera proactiva, es decir, adelantándose a la acción del delincuente y no ir tras de él cuando cometió el crimen.

Hemos visto que el uso de la tecnología, como son los sistemas de monitoreo de videograbación en la ciudad, ha permitido detectar y prevenir actos delictivos o perseguir y atrapar delincuentes, por lo que se debe de incrementar el stock de tecnologías cada vez más avanzadas.

El Estado y el Municipio tienen toda la posibilidad de establecer y publicar el semáforo delictivo, aunque le pueden poner un nombre en un sentido más positivo y de prevención, pero su implementación hoy es primordial en un acto de transparencia y honestidad hacia la ciudadanía.

* Presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato y Presidente del Colegio de Abogados de León