Fuerte debate sobre el artículo de la Ley de Urgencia referido al derecho de huelga

Uno de los momentos en que se generó mayor tensión durante el debate parlamentario sobre la Ley de Urgencia sobrevino en las primeras horas de la madrugada de este sábado 6 de mayo, cuando se discutió el artículo del capítulo referido a “libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa”.

Dicho artículo establece que “el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.

En tal sentido, el senador del Partido Comunista Óscar Andrade dijo que “el gobierno decide en medio de una emergencia sanitaria, con 200.000 trabajadores en el seguro de paro y en medio de una política de recorte salarial dar un mensaje indiscutible de limitación de un derecho laboral fundamental reconocido constitucionalmente, y lo hace sin dialogo social, sin acuerdo, y sin pasar por el Consejo de Salario donde tendrían que pasar por Ley, este tipo de normas”.

Agregó: “Se restringe el derecho de huelga en medio de una medida de recorte salarial brutal, muy dura, y que ni siquiera toma en cuenta los salarios más bajos. La decisión de la coalición de gobierno, en la medida que restringe el derecho de huelga, es la de condenar la Negociación Colectiva”.

Remarcó que el derecho de huelga no es equiparable con el derecho de propiedad porque cuando el empresario pone una empresa ya no puede hacer lo que quiere, y se limita la propiedad cuando contrata un trabajador porque este viene incluido con el derecho de huelga.

Por otro lado, dijo que el derecho de trabajo no se está vulnerando con el derecho de huelga cuando se manifiesta como ocupación. “Cuando hay una ocupación de un centro de trabajo, que es una manifestación excepcional en Uruguay, un empresario llama a un escribano y hace responsable al sindicato de todo lo que hay adentro. ¿Cómo hacemos con el trabajador que no adhiere a la huelga?”, preguntó Andrade.

Destacó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “no tiene dudas que la ocupación es una forma del ejercicio del derecho de huelga”.

Indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), y el Instituto de Derecho Laboral de la Universidad de la República fueron categóricos en el sentido de que la redacción de estos textos limita y restringen los derechos de huelga.

Sí se garantiza el derecho de huelga

A su turno el senador nacionalista Jorge Gandini expresó que no se le puede hacer decir al artículo lo que no dice. “No se puede permitir que haya senadores que quieren que este articulo diga lo que ellos desean que diga, para alentar la confrontación”.

“Nos adjudican malas intenciones, una conspiración secreta para criminalizar la protesta y no es verdad. Lo primero que consagra el artículo es el derecho de huelga y el Estado lo garantizará si una patronal lo quisiera impedir. Consagra dos derechos constitucionales fundamentales como el del trabajo y a la propiedad, y otro de carácter constitucional que no es fundamental como lo es la huelga”, añadió.

Gandini aseguró que “el artículo no está en contra de la ocupación, porque de lo contrario no diría ‘acceder’ ni hablaría del ‘derecho de la dirección de la empresa a ingresar’, y reconoce que puede haber trabajadores que en el ejercicio legítimo del derecho de huelga están adentro de la empresa. Lo que no va a poder pasar más es que un grupo de trabajadores tranquen el portón de una fábrica e impidan ingresar a los demás. Esto es lo que consagra la OIT”.

Recordó que en 2010, “con la firma del entonces presidente José Mujica, se estableció el desalojo de empresas públicas bajo el apercibimiento de la fuerza policial. Y eso pasó en ANTEL, en juzgados y en el CODICEN. Entonces, cuando la patronal es el Estado se puede desalojar y el derecho a la ocupación no es la extensión del derecho de huelga».

Se refirió a otro artículo que dijo “nada tiene que ver con el derecho de huelga porque está en el capítulo ‘Otras disposiciones’, que se refiere a la libertad de quienes quieren circular. En dicho artículo no se dice que son un delito los piquetes, ni se reprime la protesta, sino que se declara ilegitimo los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios”.

“Se podrá seguir protestando en la puerta de la fábrica, en la orilla de los barrios, en las plazas. El artículo se refiere a que cuando vecinos corten una ruta e impidan circular a un ómnibus no se avasallen los derechos de otros”, remarcó.