La okupación se dispara en un 40% en Galicia de mano de la pandemia
Desde la Fegein explican que «en la mayoría de las ocasiones, quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca o ninguna vulnerabilidad social». Y el confinamiento, en este caso, solo empeoró una tendencia ya al alza. «El encierro provocado por el covid ha sido aprovechado por los okupas para entrar ilegalmente y quedarse en los inmuebles, al verse sus titulares obligados a ausentarse tras la declaración del estado de alarma o simplemente al ser segundas residencias y no poder desplazarse a las mismas», inciden los expertos inmobiliarios a través de las denuncias de muchos propietarios afectados. Acerca del perfil de estos okupas, la descripción es clara. Se trata en la mayoría de las situaciones de «profesionales o personas perfectamente asesoradas que saben cuándo okupar viviendas de obra nueva —justo en el momento de la entrega de las llaves a los compradores o inquilinos—, o las viviendas vacías de procedencia bancaria y provenientes de ejecuciones hipotecarias».
Con un 33 por ciento de incremento en estas entradas ilegales en la comparativa semestral y hasta un 40 por ciento en la interanual, cambiar las reglas del juego sería clave para poner coto a este fenómeno. «El Gobierno detalla que el desalojo queda paralizado siempre que se den varias circunstancias, como que sean personas que hayan okupado la vivienda sin que haya habido violencia ni intimidación ni lleven a cabo acciones ilícitas en el inmueble, que su condición de vulnerable esté acreditada (por ejemplo con dependientes o menores a su cargo) y que el domicilio okupado no sea una residencia habitual ni segunda vivienda. Y desde la Fegein nos preguntamos: ¿Pero nos quiere hacer creer el actual Ejecutivo que el okupa de este 2021 no es un presunto delincuente que busca una contrapartida económica con su okupación?».
Así las cosas, es difícil saber cuántas propiedades están okupadas en Galicia, aunque una estimación muy a la baja indica que no menos de 600. Buena parte son propiedades de procedencia bancaria, aunque solo por un tercio de estas okupaciones se llega a tramitar la correspondiente denuncia. En este sentido, los profesionales resaltan que contar con una vivienda okupada implica, entre otras cuestiones, desvirtuar la zona en la que se ubica. «El barrio o la urbanización donde está la casa okupada se transforma en una zona insegura para el resto de vecinos, por los problemas de convivencia y delincuencia», subrayan. Además, «deprecia el valor de todas las propiedades de la zona».
Entre las recetas para paliar la situación, desde la Fegein reclaman un cambio de legislación dirigido a «proteger los derechos de los propietarios» y defienden que las okupaciones sean un delito penado con prisión y que la Policía pueda desalojar ese inmueble en menos de 24 horas. Del mismo modo, se incide en las preocupaciones de los propietarios, en su mayoría pequeños ahorradores que invirtieron en esa vivienda y que ahora están «muy preocupados por las novedades legislativas (caso del límite del precio máximo del alquiler)» que podrían derivar en una retracción a la hora de sacar al mercado las 330.000 viviendas vacías con las que cuenta Galicia en la actualidad.