Los plazos legales de prescripción van a salvar a los Gobiernos autonómicos de una posible oleada de demandas de indemnización por haber expuesto a sus sanitarios al Covid sin los más elementales equipos de protección individual (EPI), como mascarillas, batas impermeables o guantes. Ocurrió durante la primera ola, que se declaró en España en febrero y se prolongó hasta bien avanzada la primavera de 2020. Al llegar el verano de aquel año se fue subsanando la carestía.
Ahora, un juez de lo Social de Alicante ha condenado a la Generalitat Valenciana por aquello. Da la razón a 154 médicos que reclamaron a la Consejería de Sanidad por haber tenido que trabajar sin EPI. Les reconoce indemnizaciones de entre 5.000 y...
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