Francia recupera el debate de la mascarilla en exteriores: ¿Podrían prohibirse en España?
A finales de diciembre, el Gobierno francés autorizó a los prefectos -representantes del Estado en grandes ciudades y departamentos- a decretar el uso obligatorio de mascarillas al aire libre a partir del 1 de enero cuando lo considerasen oportuno para la salud pública. Y la respuesta de los tribunales no ha tardado en llegar. El pasado miércoles, el Tribunal de Versalles, al oeste de la capital, suspendió jurídicamente la decisión del prefecto local que había decretado el uso obligatorio de estas prendas el aire libre. El poder político chocaba así con el poder judicial.
Un día más tarde, el jueves, el Tribunal de París se pronunció en el mismo sentido, tras la imposición allí también de la norma por el prefecto de la capital. Un grupo de profesores de Derecho Público de la Sorbona, la histórica universidad parisina, presentaron un recurso de extrema urgencia contra el decreto prefectoral, estimando que el Gobierno había tomado decisiones que atentaban contra las libertades básicas. Aceptado el recurso y las razones, Jean-Baptiste Soufron, uno de los abogados que había denunciado al prefecto, se mostró ayer bastante satisfecho con la decisión del Tribunal: «Imponer el uso de mascarillas al aire libre, por todas partes, es contraproducente y atenta contra las libertades básicas. De ahí que los querellantes estemos razonablemente satisfechos. El Gobierno no puede tomar decisiones que recorten las libertades básicas. El prefecto de París, entre otros, se había extralimitado en sus funciones de manera irresponsable». «Se trata de una cuestión de principios», continuó Soufron, agregando: «Está muy bien seguir los procedimientos sanitarios más necesarios. Pero es imprescindible respetar las libertades básicas y los procesos parlamentarios, sin recursos coercitivos contra las libertades».
Tensión institucional
Ante el enfrentamiento jurídico entre el Gobierno, sus prefectos y una parte considerable de juristas, el Consejo de Estado, la más alta jurisdicción administrativa del Estado, se ha visto forzado a reaccionar con urgencia para dictar sentencia inapelable para unos y otros. Tras un estudio urgente del debate de fondo, el Consejo de Estado valida el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos pero lo hace solo para «determinadas condiciones, debiendo justificarse, a la luz de la situación sanitaria constatada en los territorios afectados por un decreto gubernamental». Dicho de otro modo: el Consejo de Estado respalda el decreto que ordena el uso de mascarillas en el exterior en París y otras grandes ciudades, pero limitando el espacio físico de aplicación y el tiempo, descartando la imposición por decreto de una decisión que se considera «excesiva» y «no justificada».
Esta medida ya se impuso el verano pasado en París y otras grandes ciudades, donde el uso de mascarillas fue obligatorio en algunas calles y barrios de la capital. La norma tuvo una aplicación práctica muy modesta: era muy difícil imponer por decreto el uso de mascarillas en determinadas calles. Meses más tarde, su utilización está generalizada en comercios, bares, restaurantes y transportes públicos; pero el uso en la calle depende del barrio y la hora.
En España, el uso de la mascarilla está regulado por la Ley 2/2021, de 29 de marzo, y por el Real Decreto-ley 30/2021, que modifica a la anterior. «Estas dos normas son las que autorizan a la administración a tomar estas medidas, sin introducir ninguna limitación al respecto», explica a ABC Juan José Bestard, copresidente de la Sección de Derecho sanitario del Colegio de Abogados de Madrid. Sin embargo, recuerda que aún «nadie ha recurrido» esta medida frente al Tribunal Constitucional. Sí que el Supremo entendió en dos ocasiones que la norma no era recurrible, pero, apunta Bestard, por aquel entonces estaban vigentes los estados de alarma. «La gran demanda» de estos profesionales pasa por que el Gobierno apruebe una ley orgánica que permita gestionar la alarma sanitaria «sin vulnerar los derechos fundamentales».
Los expertos en leyes consideran imprescindible que estas medidas limitantes se apliquen siempre dentro de la «ponderación». «El contexto de pandemia y el problema de salud pública global tensa los términos entre el espacio que queda a la libertad individual y al bien colectivo», explica por su parte Asunción de la Iglesia, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra. En este sentido, en España «habrá que esperar a ver cómo aplica la administración ambas leyes», para entonces comprobar «si es ponderada y proporcional», lo que exige al el Tribunal Supremo para las medidas que afecten a los derechos y libertades de las personas, sentencia Bestard.