El etarra Iñaki de Rentería guarda silencio ante el juez, que le retira el pasaporte
, alias Iñaki de Rentería, tras una comparecencia telemática por su presunta implicación en la orden que acabó con la vida de Gregorio Ordóñez en la que se ha acogido a su derecho a no prestar declaración, tras negar someramente que tuviese algo que ver.
Según informan en fuentes jurídicas a ABC, las acusaciones que ejercen la familia de Ordóñez y el Partido Popular habían solicitado prisión provisional,
mientras Dignidad y Justicia y la AVT instaban a retirarle el pasaporte con prohibición de salir
de España. La Fiscalía, por su parte, no pedía más cautelar que designar un domicilio de manera que si en él no se le encontrase, se instasen medidas más gravosas.
Finalmente, el juez ha resuelto en línea con lo que se resolvió para el también ex jefe de ETA conocido como Mikel Antza, que está imputado por los mismos hechos, limitando la cautelar a evitar que huya al extranjero.
En un auto dictado este lunes, concluye que «no es irracional, ante la extraordinaria gravedad del delito que se imputa al encausado y las
elevadas penas que pudieran imponerse en sentencia en caso de condena,
que el mismo quiera optar por eludir la acción de la Justicia y ponerse fuera del alcance de este órgano instructor o del de enjuiciamiento».
«La alegación que hace su defensa sobre la presencia más de cuarenta y cinco días en territorio nacional se configura únicamente como presupuesto formal para que resulte innecesario acudir a la vía extradicional para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Nada tiene que ver con el hecho de que ahora, una vez practicado su interrogatorio y conocedor de su imputación formal y del avance de la instrucción sumarial, pretenda eludir la acción judicial aunque antes no lo haya hecho», razona el juez Abascal. Considera así «proporcionales e idóneas» las medidas de retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.
Iñaki de Rentería está investigado por su presunta participación en la decisión de asesinar en enero de 1995 al concejal del PP vasco Gregorio Ordoñez, habida cuenta de que fue «integrante del comité ejecutivo de ETA entre mediados de 1992, tras Bidart, y su detención el 15 de septiembre de 2000, como responsable de los aparatos militar y logístico». «Temporalmente formaba parte de la dirección terrorista en las fechas en que asesinaron al señor Ordoñez», razonaba el auto que le citaba a declarar.
En la resolución dictada tras tomarle declaración, el juez considera «fiables y verosímiles indiciariamente todos aquellos elementos relacionados con los miembros de la banda
que participan en las distintas actividades que permiten llevar a cabo un atentado», así como «la función decisiva y necesaria del máximo órgano de decisión de la banda terrorista para que se llegue a realizar una acción terrorista, y el relevante papel desempeñado por Iñaki de Rentería en ETA y más concretamente, en su comité ejecutivo, en relación con las órdenes para asesinar al Teniente Alcalde» Gregorio Ordóñez.
Se refiere a la documentación intervenida a miembros de ETA con ocasión de las distintas detenciones en España de sus integrantes y colaboradores, así como a «documentos intervenidos a militantes de la banda con ocasión de su detención en Francia como integrantes de sus principales estructuras directivas (militares, logísticas o políticas), que fueron remitidos a España». Cita igualmente como indicios las sentencias que se han venido dictando en ambos países que le sitúan como dirigente y las investigaciones policiales.
En busca de los autores intelectuales
La Audiencia Nacional condenó a Juan Ramón Carasatorre, apodado 'Jon' y 'Zapata', Javier García Gaztelu, 'Txapote', y Valentín Lasarte como autores materiales del atentado cometido contra el concejal vasco, a quien dispararon cuando se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores. Sin embargo, la autoría intelectual no se terminó de esclarecer.
Consuelo Ordóñez, hermana del concejal y actual presidenta de la asociación de víctimas Covite, presentó una querella en la Audiencia Nacional en 2015 para que se investigase quién dio la orden y se depurasen responsabilidades. Tras diversas dificultades y escollos en la investigación, pues buena parte de los señalados inicialmente se encontraban fuera de España, se produjo un reimpulso el año pasado. Dignidad y Justicia había presentado otra querella, Francia había entregado ya a Iñaki de Rentería y Mikel Antza y ambos fueron citados a declarar.