Víctimas de abusos insisten en que el Estado realice su propia investigación
En declaraciones a Efe tras conocer la decisión de la Conferencia Episcopal Española (CEE) de encargar al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo una auditoría independiente, Hurtado ha subrayado que el Estado tiene la "obligación" de garantizar que las instituciones que trabajan con niños son espacios seguros y tiene que aportar un modelo oficial de investigación de casos de abusos en el pasado.
"El hecho de que la CEE, con 3 ó 4 años de retraso, por fin mueva ficha, no disminuye la necesidad de que el Estado actúe potenciando una investigación oficial por una sencilla razón, los abusos sexuales no sólo pasan en la Iglesia católica, sino que también ocurren en otras instituciones", indica Hurtado.
Y explica que "si se da el privilegio a la Iglesia de investigarse a sí misma y decidir cuál es la manera apropiada de afrontar los casos, ese privilegio se tendrá que otorgar también a otras instituciones afectadas por abusos como el mundo del deporte o los Testigos de Jehová".
Hurtado, que sufrió abusos sexuales por parte de un monje de la abadía de Montserrat (Barcelona) cuando tenía 16 años, espera a comprobar cómo de efectiva será esta auditoría y advierte de que cada obispo es autónomo en su diócesis y puede decidir si quiere participar o no en ella.
Además, recuerda que las órdenes religiosas -que son las que gestionan los colegios en los que han tenido lugar la mayoría de los abusos a menores- no dependen de la CEE y no han dicho si se van a sumar o no a esta auditoría.
Indica, no obstante, que hay varios ejemplos de investigaciones realizadas por despachos de abogados que han funcionado muy bien, como la encargada por la Archidiócesis de Munich, que investigó los casos de abusos en esta diócesis durante 50 años y que fue "tan independiente que no le tembló la mano para decir que la evidencia demostraba que Benedicto XVI había encubierto casos de abusos sexuales".
"Es el ejemplo más claro de una buena investigación externa por un despacho de abogados que no tiene como objetivo blanquear una institución, sino esclarecer los hechos y depurar responsabilidades", ha afirmado.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, acoge con incredulidad e indignación la noticia de la contrata de auditoría externa que la jerarquía eclesiástica va a firmar con este despacho de abogados y apunta a su vinculación con el Opus Dei.
Cuatrecasas, padre de un joven que sufrió abusos sexuales por parte de un exprofesor del colegio Gaztelueta de Leioa (Vizcaya), centro vinculado también al Opus Dei, ha lamentado que la jerarquía eclesiástica "vuelve a ofender a las víctimas vendiendo algo que no es".
"Vemos con indignación cómo la jerarquía eclesiástica demuestra no tener voluntad de reparación, de asumir responsabilidades y depurarlas", señala a Efe Cuatrecasas, que pide a la sociedad civil y a los poderes públicos "que se hagan fuertes en la barricada contra este tipo de decisiones que dejan a las claras la absoluta negación y minimización".
Considera que es hora de poner al frente de una auditoría externa a personas con experiencia probada en estos temas que reúnan los parámetros exigibles de independencia y transparencia y la voz de las víctimas.
"Es hora de verdad, justicia, reparación y acompañamiento. Meter al zorro en el gallinero desde luego no es la solución", concluye. EFE