Proyecto del Tren Maya no consideró costo de recuperación ambiental: Auditoría
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de irregularidades en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en su modalidad regional, que el gobierno federal tramitó para la construcción del Tren Maya.
De acuerdo con la tercera revisión a la Cuenta Pública del 2020, la MIA del proyecto ferroviario no consideró el costo ni las fuentes de financiamiento para las medidas de prevención, mitigación y recuperación ambiental.
“La MIA-R no cuenta con la identificación de las causas y efectos de los impactos ambientales, el análisis de congruencia entre los impactos identificados y las medidas determinadas, y los indicadores para evaluar la eficiencia y la eficacia de las medidas de mitigación”, informó la ASF el domingo.
El Tren Maya es un proyecto turístico, de transporte de pasajeros y carga en el sureste del país que cruzará por Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Campeche.
Asimismo, la ASF señaló que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo encargado del proyecto, no contaba con registros estadísticos sobre las actividades u obras relacionadas con las medidas de mitigación y prevención de “factores ambientales flora, fauna, suelo, aire, e hidrología subterránea”.
Durante la revisión, la ASF también halló que en los tramos 2 y 3 del proyecto no se tramitó ni obtuvo, previo al inicio de los trabajos, la liberación total de los derechos de vía ni las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes.
La semana pasada, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Fonatur informar sobre el estudio de impacto ambiental que debió realizarse para la construcción del Tren Maya.
A través de un comunicado, el organismo pidió aclarar cómo se repondrá la flora y fauna perdida al momento de la construcción.
“Todo proyecto de infraestructura pública, sobre todo si se trata de la envergadura del proyecto del Tren Maya, debe respaldarse con estudios de diversa índole para demostrar que sus beneficios sociales prevalecen sobre los efectos ambientales y sobre la vida de las poblaciones originarias que habitan en los territorios aledaños”, precisó el INAI.