Acuerdo con el FMI: cuáles son las jubilaciones de privilegio a las que apunta el Gobierno
Los cambios en jubilaciones especiales que contendría el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ventilado en las últimas horas por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, podrían ir más allá de las dos actividades sobre las que ahora el Gobierno decidió posar la atención.
Tras difundirse la posibilidad cierta de mirar con lupa el sistema previsional y, en particular, los aportes que se diferencian del régimen general del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Gobierno se comprometió en desmenuzar las cuentas de los regímenes bajo jurisdicción nacional, para evaluar reformas que permitan ajustar el gasto público y, a la vez, incrementar la recaudación.
Fernández y Guzmán detallaron que la mirada estará puesta sobre los sistemas de aportes de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, por un lado, y personal diplomático del Servicio Exterior de la Nación. No así las jubilaciones del SIPA, que mantendrán la fórmula jubilatoria aprobada en diciembre de 2020.
No obstante, por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva -el primer proyecto fuerte de la gestión del Frente de Todos- se estableció una comisión encargada de revisar "la sustentabilidad económica, financiera y actuarial" del sistema jubilatorio. La citada comisión debería proponer al Congreso la "actualización de los regímenes especiales", y particularmente para el régimen previsional docente, regulado por un decreto de Néstor Kirchner, de 2005.
Fernández, sin embargo, insiste en que no habrá recortes sobre las jubilaciones docentes, pero deslizó que podría "invitarse" a los maestros a demorar la edad de retiro y así continuar recaudando aportes mientras se ahorra en haberes del sector pasivo.
Cuáles son los regímenes especiales
Los regímenes previsionales especiales están dirigidos, mayoritariamente, a empleados del sector público. Son de tipo contributivo, funcionan bajo la lógica de reparto, están administrados por ANSeS, y tienen financiamiento mixto. El tratamiento diferencial viene de la naturaleza de las actividades desarrolladas o de la envestidura de quien presta los servicios.
Los siete regímenes especiales de administración nacional contemplan a docentes no universitarios, docentes universitarios, investigadores científicos y tecnológicos, trabajadores de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), y empleados sindicalizados en el gremio Luz y Fuerza. Todos ellos fueron creados entre 2005 y 2009.
Si bien la participación de los regímenes especiales en el total de jubilaciones y pensiones es de solo el 3% del total, y que la tasa de aporte de los activos es dos puntos porcentuales mayor que la del régimen general, el haber promedio percibido en estas jubilaciones es muy superior al haber promedio general y explica un 27% del déficit previsional contributivo.
Las jubilaciones especiales cuestan 7% del PBI, más que el sistema general
A marzo de 2020, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el régimen especial para docentes no universitarios más que duplicaba la jubilación promedio, y el régimen especial para investigadores científicos y tecnológicos casi lo cuadriplicaba.
Al margen de los siete regímenes especiales que administra la Nación, existen al menos 177 regímenes previsionales diferenciales, especiales, provinciales, profesionales o no contributivos con sus propias reglas, instituciones y mecanismos de financiamiento, y explican un 40% de los beneficios. Son alrededor de 3,8 millones de beneficios con haberes hasta 85% superiores al SIPA.