Armengol cede al independentismo que ve «peligroso» el castellano
Al independentismo no le gustaba la primera Ley balear de Educación porque reconocía el castellano como lengua vehicular en las aulas. Desde hacía semanas, entidades catalanistas agitaban la bandera de la «emergencia lingüística» que supuestamente sufre la lengua catalana para intentar frenar esta normativa antes de su aprobación este martes. El pleno de este martes se presentaba agitado: el PSOE se había asegurado los votos de Podemos pero sus socios nacionalistas de Més per Mallorca mantenían discrepancias internas hasta el último momento, al tiempo que varias entidades secesionistas habían llamado a manifestarse a las puertas de la Cámara autonómica y promover un voto de castigo en las próximas elecciones, en 2022, contra el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol. Pedían que, en el presente y el futuro, la lengua catalana monopolice la educación en Baleares. «En el aula, en los patios y en las relaciones con las familias». El esprint final del catalanismo surtió efecto y finalmente el tripartito –PSOE, Podemos y Més- más Gent per Formentera suprimió ‘in extremis’ los apartados c) y d) del artículo 133.1 de esta normativa que reconocían el español como lengua de enseñanza.
El PP balear, que había negociado la ley punto por punto y creía que ya estaba cerrada, se enteró en plena rueda de prensa de que no había acuerdo. Poco después, el portavoz del Ejecutivo balear, Iago Negueruela, y otros representantes de los partidos del Govern acusaron a los populares de haber roto el consenso para justificar este cambio de última hora.
«El PSOE dijo que esto estaba cerrado», explican fuentes del PP balear a ABC perplejos ante la «traición» de Armengol y avanzan que hoy votarán en contra de toda la ley. El conseller de Educación, Martí March, siempre ha insistido en que quería una ley de consenso y por eso aceptó incluir el castellano como lengua vehicular, además de más de 70 mociones más del PP. De este modo, se aseguraba el voto a favor o la abstención popular en todos los puntos de la normativa, salvo en el apartado lingüístico porque no incluía la obligación de impartir el 25 % de las clases en español. Pero las presiones del catalanismo han logrado, una vez más, que el conseller ceda y mantenga la supremacía absoluta del catalán en la educación.
La última vez que el PP y PSOE hablaron sobre la ley educativa fue el viernes pasado, cuando nada hacía presagiar ningún cambio, sostienen los populares. «Lo habíamos atado y ahora no sólo no añaden la obligación de impartir una asignatura en castellano, sino que suprimen su vehicularidad», lamentan las mismas fuentes, que recuerdan que Podemos, PSOE y Més per Mallorca votaron a favor del castellano como lengua vehicular, en el apartado «133.1 c» que ahora se ha borrado. Més per Menorca incluso se ausentó para no votar en la fase de comisión.
¿Qué ha pasado? «El independentismo de Baleares ha mostrado las uñas y, de inmediato, Martí March, un político sin carácter, ha dado un paso atrás», aseguran desde la asociación de profesores Plis, Educación por favor. «El PSOE se ha echado a los brazos de la izquierda radical», apuntan los populares, que tenían la palabra de que el PSOE «aguantaría la presión» del sector catalanista, constante en las últimas fechas.
Primero fue la OCB, marcando un calendario al Gobierno de Francina Armengol para blindar el catalán en los colegios y exigiendo, entre otras cosas, que también sea «la lengua del patio»; luego, la Plataforma per la Llengua, reclamando a los defensores del bilingüismo que sacaran sus «garras» de la escuela. El sindicato STEI la calificó de «insuficiente» ante el temor de que se pudiera poner «un máximo» de catalán y acabar con la inmersión lingüística. «Es innecesario y muy peligroso incluir el castellano como lengua vehicular. No lo hace ni la LOMLOE», se quejó el Movimiento por la Escuela en Catalán, para quien la vehicularidad del español significaba «agravar aún más la situación de emergencia lingüística que sufrimos». La Asamblea de Estudiantes de Filología Catalana de la UIB llamó a los partidos soberanistas a declinar su apoyo a la ley e hizo un llamamiento explícito al Gobierno autonómico a «respetar y defender la lengua y la cultura propias de las Islas Baleares dentro de las aulas, denegando la posibilidad de uso del castellano a cualquier asignatura a excepción de la de lengua castellana».
Salvo sorpresa, la ley educativa se aprobará hoy, a un año de las elecciones autonómicas, tras una legislatura fallida, lejos del consenso político que prometía el conseller March, y con la sombra de inconstitucionalidad planeando sobre ella, aunque Negueruela lo niega.