La Audiencia Nacional procesa a Serafín Castellano por presuntos amaños en contratos de extinción de incendios
En un auto de pase a procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señala que los hechos podrían constituir delitos de cohecho; organización criminal; alteración de precios en concursos o contratación pública; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; y tráfico de influencias y exacciones ilegales.
El procedimiento judicial se dirige contra empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios respecto a los cuales «ha quedado suficientemente acreditado» que, «con ánimo de lucro y mediante múltiples ardides y mecanismos, se han venido concertando para alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública», corrompiendo para ello mediante «compensaciones económicas» a «múltiples funcionarios y autoridades».
El instructor explica que habrían actuado indebidamente bien incrementando el gasto en favor de las personas y empresas concertadas; permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales; aprobando facturaciones; o favoreciendo a determinadas personas y entidades.
Los empresarios y sus compañías se habrían repartido geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación, incluso mediante progresivas reuniones en las que preestablecían qué sociedades concurrirían a dichos procesos, en qué zonas de influencia y las sucesivas compensaciones y liquidaciones económicas dentro del propio cártel.
Dentro y fuera de España
Además, el magistrado destaca que estos presuntos amaños se habrían producido en España y otros países, así como que en ocasiones habrían propiciado que algún concurso quedara desierto, generándose así un incremento posterior del precio de licitación en el procedimiento negociado sin publicidad.
En otros casos, prosigue García Castellón, las prórrogas arbitrarias de los contratos generaban «incrementos notabilísimos» en los importes finales de adjudicación o en los costes totales de los contratos.
A este respecto, precisa que, según los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), solo en la Comunidad Valenciana, donde se han constatado las principales infracciones, con sujeción a la exclusiva concurrencia de AVIALSA -vinculada al investigado principal, Vicente Huerta Domínguez- y ocasionalmente UTES en las que se integraban otros investigados, entre 1999 y 2017 se concertaron contratos por un total de 151.585.386,22 euros.
Cacerías, armas o relojes
La presunta corrupción de los funcionarios y autoridades intervinientes en estos procesos de contratación se hacía con la entrega de dádivas o regalos, lo que habría derivado en «una sistemática actuación de generación de actitudes clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el sector».
En concreto, según la resolución judicial, se ha comprobado que, en el ámbito contractual de la Comunidad Valenciana y de la Catalana, el grupo de entidades o sociedades vinculadas con AVIALSA realizó por diversos medios, en favor de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos consistentes en vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros.
El juez concreta que solo a Serafín Castellano, y sin que eso agote todas las dádivas entregadas, se le realizaron, tomando únicamente en cuenta el ámbito de las actividades cinegéticas, regalos por importe no inferior a 163.736,02 euros.
García Castellón resalta asimismo que al pactado funcionamiento de los investigados aludidos y sus empresas contribuyó también el uso instrumental de la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) gestionada, a tal fin, por el también investigado Dámaso Castejón Amenedo.