Los gestores administrativos denuncian que la ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno a final de 2022 destinada apersonas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio trae un 'regalo envenenado'. Aseguran que «como ocurrió con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y con las prestaciones del ERTE Covid», aquellos que la perciban estarán obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta de personas físicas del ejercicio 2023 (que se presentará en la primavera de 2024). La razón, explican los gestores administrativos, es sencilla: se trata de una ganancia patrimonial no exenta que no está sujeta a retención . Los gestores administrativos recuerdan que un número elevado de ciudadanos no tienen que presentar su declaración de la renta. En concreto, aquellos perceptores de rendimientos de trabajo (un sueldo) que cobren de un solo pagador (trabajan para una sola empresa) y sus ingresos no superan los 22.000 euros; también en el caso de aquellos que cobren 14.000, pero que tengan dos o más pagadores (dos o más trabajos, a la vez o sucesivos), siempre que la suma de los ingresos que perciben del segundo y siguientes perceptores superen los 1.500 euros anuales; y en el lado patrimonial, cuando la suma de los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales sujetas a retención no superen 1.600 euros. Los gestores señalan que si se supera esa cantidad y/o existen ganancias patrimoniales no sujetas a retención, el perceptor estará obligado a presentar declaración. «Esto significa que el perceptor de la ayuda de 200 euros, aunque no perciba rendimientos del trabajo o los perciba por debajo de los límites señalados, estará también obligado a presentar la declaración correspondiente al ejercicio 2023». Según los gestores, esta situación, puede suponerles también tener que afrontar los inconvenientes administrativos que supone presentar la declaración y con la posibilidad de que esta salga a pagar y/o les suponga perder deducciones. En este sentido, ponen el ejemplo de un mayor de 65 años, incluido en la declaración de un descendiente que se deduce por el cuidado del mayor; «al estar obligado el mayor a presentar la declaración por haber percibido la ayuda de 200 euros ya no puede el descendiente incluirle en su declaración ni, por lo tanto, practicar la deducción». El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos , Fernando Jesús Santiago Ollero afirma que «nuestros compañeros nos están transmitiendo su preocupación porque cuando van a realizar la solicitud, se encuentra que la mayor parte de los potenciales solicitantes son personas con escasos recursos, que se van a ver obligados a presentar el año que viene la declaración y que puede que, entre el coste de realizarla (se la tiene que realizar un profesional) y la posibilidad de que el resultado sea a pagar, los 200 euros se conviertan en un verdadero problema». Noticia Relacionada estandar No Hacienda paga el cheque de 200 euros y parte del IVA cero a los alimentos con el primer embate a banca y energéticas Bruno Pérez Montero presume de obtener más de 1.450 millones con el pago anticipado impuesto en los gravámenes sectoriales y confía en sufragar el 30% de las medidas contra la inflación con estos gravámenes «No logramos entender cómo, después de que ya se advirtió con el IMV y con las prestaciones del ERTE Covid, los redactores de la norma no han tenido en cuenta estas implicaciones fiscales. Luego se llevarán las manos a la cabeza si la ayuda es un fiasco, si dentro de un año se queja todo el mundo o si les decimos que solo les preocupa el voto», añade Santiago. El presidente de los Gestores Administrativos señala que la solución es sencilla, «que el Gobierno modifique la norma e indique que esta ayuda está incluida entre las ganancias patrimoniales exentas o que su percepción no obliga a presentar declaración a quienes no estuvieran obligados a hacerlo por otras rentas». En la propia norma donde se ha regulado esta ayuda se establece la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda pueda «desarrollar, interpretar o aclarar el contenido del art. 74 del Real Decreto-ley 20/2022», por lo que posibilidad de atajar el problema existe de forma directa.
