María, una pensionista de 72 años que fue desahuciada el pasado 1 de febrero en Alicante junto con su hijo -con discapacidad - a pesar de una fuerte movilización vecinal para impedir que les expulsaran de su vivienda, ha reclamado al Ayuntamiento una solución habitacional. «No tenemos dónde vivir, no podemos vivir en la calle », ha lamentado. Así se ha expresado este jueves durante su intervención en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante, cuando también ha criticado que el derecho a la vivienda «no se está cumpliendo» y antes de la moción presentada por el grupo Unides Podem-EUPV , que pedía la creación de una Comisión No Permanente o Específica del Pleno para el impulso de un Plan Local de Vivienda y Emergencia Habitacional. «El derecho a la vivienda no se está cumpliendo. No hay interés en cumplirlo por parte de muchos políticos, entre ellos los que gobiernan en esta ciudad», ha acusado María. La mujer ha señalado que, a pesar de que ella y su hijo -con una discapacidad reconocida- cuentan con los requisitos que les acreditan como vulnerables, el Ayuntamiento no emitió un informe de emergencia habitacional, que hubiera servido para acceder a una vivienda social por la vía de urgencia. Con 750 euros de ingresos al mes Desde que se produjo el desahucio, María y su hijo se trasladaron a casa de su hermana y ha lamentado que en una habitación viven tres personas. En este sentido, ha lamentado que los precios de los alquileres son «elevadísismos». «No puedo alquilar una vivienda con 750 euros de pensión , porque me piden más de 600 euros», ha expresado. «¿Por qué no nos ayudan? ¿por qué no nos apoyan? Pido que dejen de usar todo el sufrimiento que estamos viviendo, dejen esta guerra contra el Consell y trabajen a favor de las personas que estamos sufriendo desahucios y no trabajen por los intereses de especuladores », ha reclamado. De hecho, su vivienda pasó a ser propiedad de un 'fondo buitre'. Posteriormente, se ha llevado a cabo el debate y la votación de la moción para impulsar un plan local de vivienda y emergencia habitacional, que ha sido rechazada con 16 votos en contra del PP, Ciudadanos y Vox, y ha contado con los apoyos de UP, PSPV y Compromís. Durante el debate, el portavoz de UP, Xavier López , ha resaltado que «no hay justificación alguna» para que el equipo de gobierno «bloquee la emisión del informe necesario para tramitar una alternativa habitacional » y ha pedido la dimisión de la edil de Acción Social, Julia Llopis, por este caso de desahucio. Igualmente, la ha acusado de ser «incapaz de gestionar las ayudas que recibe», lo que provoca que «millones de euros no lleguen por su incompetencia». Desde Compromís , Rafa Mas ha lamentado que «el boom de los pisos turísticos está machacando a las personas que quieren acceder a la vivienda». En este sentido, ha apuntado que en 2017 se dieron siete licencias para convertir edificios en alojamientos turísticos, mientras que en 2022 fueron 70. Asimismo, Dolores Vilchez , del PSPV , ha resaltado que la futura Ley de la Vivienda del Gobierno central «convertirá el acceso a la vivienda en el quinto pilar de Estado del Bienestar». El equipo de gobierno culpa a la Generalitat Por parte del equipo de gobierno, el concejal José Ramón González ha acusado a los partidos de la oposición de « engañar » a los alicantinos en este tema porque considera que la responsabilidad es suya, en referencia a que la Conselleria de Vivienda está en manos de Podem. Asimismo, la edil Julia Llopis ha defendido el trabajo que realiza su concejalía para evitar los desahucios. En el caso de María, ha indicado que redactaron un informe para pedir una moratoria , que finalmente la juez no tuvo en cuenta, una decisión que «lamenta». La concejal también ha señalado que, en 2020, presentaron a la Generalitat cinco informes de emergencia y dieron tres viviendas; en 2022 presentaron diez y dieron cinco y ha criticado que, en este 2023 se han mandado 18, pero no se ha facilitado el acceso a ninguna casa. El alcalde, Luis Barcala , ha cerrado las intervenciones antes de la votación y ha pedido a la Generalitat Valenciana que «haga su trabajo y cumpla con sus obligaciones». A este respecto, ha sostenido que el informe de María para que pueda acceder a una vivienda «está cumplimentado y entregado desde este pasado lunes», por lo que ha lamentado que «no le hayan dado ya una solución, porque podían hacerlo». Respaldo vecinal ante un «drama humano» Ante esta intervención del primer edil, se han producido las críticas de varios colectivos y asociaciones vecinales , que habían acudido al pleno para arropar a María. El alcalde de Alicante les ha pedido que no interrumpan las intervenciones políticas en distintas ocasiones. Previamente, estas entidades - Sindicat de Barri de Carolines , el Punto de Información de Derechos Sociales y las asociaciones Karam y Cometas y Sonrisas - se habían concentrado en la plaza del Ayuntamiento para reclamar el desbloqueo de los trámites para la aprobación de los informes de vulnerabilidad y de emergencia habitacional. Javier González , del sindicato de Carolinas, ha calificado de «lamentable» la situación que están sufriendo las personas que se ven obligadas a abandonar su casa. En este sentido, ha pedido « medidas urgentes para solucionar este drama humano y defender el derecho a una vivienda digna y a la vida de estas personas». Por su parte, Paqui Moya , de la asociación Cometas y Sonrisas, ha detallado que hay una normativa sobre el acceso a las viviendas para personas en situación de vulnerabilidad, que contempla la redacción de informes para que se puedan conceder las casas . Por ello, ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante que elabore estos informes de emergencia y ha subrayado que, en el caso de María y en el del resto de familias afectadas por los desahucios, «el equipo de gobierno lo tiene que realizar antes de que se vean obligados a dejar su casa».
