El Supremo tumba el intento de la derecha de implicar a Meritxell Batet en el caso Mediador
El Tribunal Supremo ha decidido rechazar una querella en la que la asociación ultra HazteOir acusaba a Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, de destruir y ocultar pruebas sobre el caso de corrupción radicado en Canarias conocido como Mediador. Los jueces dan carpetazo así a la estrategia de Partido Popular y Vox de implicar a Batet en el caso, acusando a la presidenta de la Cámara Baja de cambiar los procesos para registrar las visitas y ocultar con quién se habían reunido los miembros de la trama corrupta en sus visitas al parlamento.
El caso Mediador estalló el pasado mes de febrero. Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife investigaba una trama de empresarios y políticos canarios que pretendían usar su red de contactos para conseguir contratos, agilizar subvenciones o evitar inspecciones sanitarias. Todo partía de la información aportada por el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte y entre los detenidos había un diputado nacional del PSOE: Juan Antonio Fuentes Curbelo, apodado 'Tito Berni' y acusado de cobrar varias comisiones a cambio de favorecer a empresarios en Canarias, extremos que ha negado.
El Mediador, con un amplio historial delictivo por robar en fábricas y usar tarjetas de crédito falsificadas, aportó más de 100.000 fotos, audios y vídeos que había grabado a lo largo de los años en sus reuniones con políticos y empresarios en Madrid y en Canarias. Y en ese archivo estaba la bomba de racimo política y mediática: fotos de visita en el Congreso, fotos en hoteles y locales nocturnos de Madrid y constantes declaraciones prometiendo una lista de parlamentarios socialistas que habían asistido a esos encuentros.
Partido Popular y Vox buscaron extender las acusaciones de la trama a la presidencia del Congreso de los Diputados por el tiempo que algunos de los imputados habían pasado en dependencias parlamentarias. Y lo hicieron entre marzo y abril acusando abiertamente a Meritxell Batet de haber borrado el registro de visitas para evitar que el juzgado supiera con quién se había reunido Marco Antonio Navarro Tacoronte, o al menos qué miembro del Congreso había avalado sus visitas.
La cámara explicó que esos registros se borraban periódicamente atendiendo a la normativa de protección de datos. Elías Bendodo, coordinador general del PP de Alberto Núñez-Feijóo, acusó abiertamente a Batet de "destruir" pruebas y al "sanchismo" en general de "tapar con las dos manos la corrupción". Isabel Díaz Ayuso igualmente apuntó a Batet por "borrar registros" de estas reuniones. Dirigentes de Vox, como Hermann Tertsch, también lanzaron la misma acusación: "Batet debe dimitir hoy", dijo el eurodiputado de la ultraderecha.
El asunto llegó a los tribunales de la mano de la asociación ultra HazteOir, grupo integrado en el lobby ultraconservador CitizenGo, que acusó a Batet de siete delitos, desde la revelación de secretos hasta daños informáticos. El Tribunal Supremo, según ha sabido elDiario.es, ha rechazado la querella acusando a HazteOir de poner encima de la mesa una cantidad tan grande de delitos sin presentar más pruebas que una información periodística y sin argumentar cómo Batet podría haber cometido uno solo de ellos.
El Tribunal Supremo lanza varios dardos a una querella de HazteOir que consideran deficiente en su redactado y en sus objetivos. "Haciendo propia una información periodística, menciona una lista de delitos, a la que dedica tan escasa la atención al juicio de subsunción, que no somos capaces de encontrar, ni siquiera a los más mínimos niveles de verosimilitud" necesarios para abrir una causa contra Batet, lamentan los jueces.
La querella de la asociación ultracatólica cita hasta siete delitos pero la parte en la que lo relaciona con los hechos es "telegráfica", reprocha el Supremo, "insuficiente" para poder abrir una investigación penal contra la presidenta del Congreso. "Sería difícil centrar un interrogatorio, caso de que sobre ellos tuviera que ser oída en declaración la querellada", añade.
Parte de la querella apuntaba a la decisión de la Cámara Baja tomada poco después del estallido del caso para obligar a los grupos parlamentarios a hacer un registro de las visitas que reciben en sede parlamentaria. “Se ruega que cuando se realicen solicitudes en este sentido, dichos datos se incorporen en el documento Excel y que se comunique a la Comisaría Especial", explicaba la comunicación enviada a principios de marzo.
Sobre esto, el Supremo dice lo mismo que alegó la Fiscalía para pedir la inadmisión de la querella: el cambio fue "comunicado" a los grupos parlamentarios con total publicidad "y se presenta con carácter general en el marco organizativo del órgano". HazteOir, reprocha el Supremo, "no aporta ningún elemento que avale esa intencionalidad de ocultación, más que el propio cambio, que tiene como explicación ese marco organizativo".
El Partido Popular llegó a pedir a la presidencia del Congreso la apertura de una investigación interna por estos hechos, además de acusar directamente a Batet de borrar pruebas para obstaculizar la investigación judicial del caso Mediador. La diputada Ana Pastor afirmó, por ejemplo, que se habían usado medios de la cámara de forma "espuria".
La presidenta del Congreso, cabeza de lista del PSC en las próximas elecciones generales, exigió el pasado mes de abril una rectificación al Partido Popular. "En el marco del tratamiento de datos personales de las visitas, la normativa determina que la conservación de los datos se mantendrá durante no más tiempo del necesario para los fines para los que fueron recogidos", justificó en un escrito firmado por Javier Mieres, su jefe de gabinete.
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