El Partido Popular y Vox alcanzaron ayer un acuerdo de Gobierno en Extremadura. Este pacto se compadece con el mandato que expresaron los votantes en las pasadas elecciones del 28M y convertirán a María Guardiola en presidenta de la región. A cambio de su apoyo en la sesión de investidura, los de Abascal ostentarán la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. El acuerdo entre ambas formaciones ha quedado recogido en un documento en el que se consignan hasta 60 puntos programáticos que servirán para poner fin a las políticas socialistas que han lastrado el desarrollo de la región durante años. Tal y como se expresa en el documento del acuerdo, el interés de las familias extremeñas constituirá la principal prioridad de un programa de gobierno centrado en combatir el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación. La conclusión de las negociaciones entre el PP y Vox ratifica una realidad que se impone casi de forma incuestionable. La alternancia política es uno de los fundamentos de la democracia representativa y para que pueda ejercerse en muchos territorios se hará imperativo un entendimiento entre los populares y la formación que lidera Santiago Abascal. El estado final del pacto extremeño representa cabalmente los apoyos recibidos por cada uno de estos partidos y limita de forma evidente la influencia de Vox en las áreas de decisión más sensiblemente ideológicas. Las concesiones brindadas por el PP no resultan excesivas y esta resolución sirve, también, para poner fin a una negociación que estaba empañando la campaña de los de Feijóo. Una campaña que, sin embargo, tampoco sale indemne tras el pacto. Sentado esto, y por pura coherencia, la figura de María Guardiola ha quedado evidentemente desacreditada. La vehemencia con la que la candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura se expresó sobre Vox y la rotundidad con la que comprometió su palabra pública anunciando que no pactaría con su único socio posible han quedado ahora enmendadas por los hechos y por la pragmática que rige necesariamente en política. Podría no haber dicho nada o podría, al menos, no haber imprimido un tono tan solemne a una promesa que ha demostrado ser incapaz de mantener. Guardiola no ganó las elecciones y la única posibilidad de poner fin al Gobierno del PSOE pasaba por llegar a un acuerdo con Vox que dimensionara de forma realista los resultados cosechados electorales. El crédito obtenido por el Partido Popular hacía muy difícil aspirar a una presidencia en solitario y la situación que afrontaba Guardiola habría requerido una mayor prudencia política y una mejor dirección desde Madrid. La palabra pública es, en efecto, un patrimonio esencial en el marco de la conversación política. Las promesas deben funcionar como compromisos vinculantes y el crédito de nuestros representantes depende, siempre, de la fiabilidad de sus anuncios. En tiempo de precampaña y después de un Gobierno como el de Pedro Sánchez, donde los compromisos se han torturado hasta hacerse del todo irreconocibles y donde la mentira deliberada se ha convertido en una moneda de uso frecuente, la rehabilitación de la confianza civil en la palabra de los poderes públicos debería ser una prioridad. María Guardiola, con la connivencia de Génova, ha comprometido públicamente su credibilidad y sólo queda comprobar si lo ha hecho de forma irreversible. Lo peor de todo es que lo hizo a cambio de nada, pues el pacto que ahora se firma habría resultado igualmente asumible hace dos semanas y sin un desgaste tan notorio.
