ITV, resonancias, sanidad: los servicios públicos privatizados por el PP y revertidos por el Pacto del Botánico, vuelven al punto de mira

El líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, fue elegido presidente de la Generalitat Valenciana el pasado jueves 13 de julio con el apoyo del PP y de Vox, que ha entrado a formar parte de un gobierno de coalición.

Mazón se reincorporó a las listas del PP en 2019, pero sus andanzas comenzaron 20 años atrás. El nuevo jefe del Consell inició su trayectoria política en un sindicato estudiantil próximo a Nuevas Generaciones del PP en la Facultad de Derecho. Del campus saltó a la dirección general de Juventud en el Gobierno valenciano (1999-2003) en el equipo de Eduardo Zaplana, a quien se considera su padrino político.

Precisamente, Zaplana fue el precursor de multitud de externalizaciones de servicios públicos para la gestión privada. De todas ellas, destacan tres casos que han proporcionado negocios millonarios a las diferentes empresas adjudicatarias, siempre cercanas al partido. Es el caso de los departamentos de salud de Alzira y Torrevieja en primer término, de la inspección técnica de vehículos (ITV) y de las resonancias magnéticas.

Todos estos servicios se han recuperado para la gestión pública en los últimos ocho años, una vez han ido finalizando los contratos de cada concesión, por parte del Gobierno de izquierdas del Pacto del Botánico presidido por Ximo Puig.

Los departamentos de salud de Dénia y de Manises iban a ser los siguientes en revertirse en los primeros meses del año que viene, una decisión que queda ahora en manos de Mazón, como también la de volver a la política de privatizaciones para licitar de nuevo alguno de estos servicios.

Mazón ha verbalizado en más de una ocasión que no descarta volver al sistema de concesiones sanitarias por el que se cede a empresas privadas la gestión de departamentos de salud, un modelo que impulsó Zaplana con el hospital de Alzira y que se extendió a otras cuatro áreas de la Comunitat Valenciana (Dénia, Elche, Torrevieja y Manises).

Del total de estas concesiones, Ribera Salud, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del senador del PP Fernando de Rosa, gestionaba las de los departamentos de Alzira, Torrevieja, Dénia (tras adquirir el accionariado de DKV) y Elche.

El Gobierno del Botànico presidido por Ximo Puig, sin embargo, se marcó como objetivo recuperar para la gestión pública todas aquellas concesiones cuyos contratos finalizaran durante su mandato ante el descontrol y la elevada conflictividad con las empresas gestoras, principalmente Ribera Salud. Así se hizo en 2018 con Alzira y en 2021 con Torrevieja. En el caso de Torrevieja, desde el 16 de octubre de 2006 hasta el 15 de octubre de 2021, Ribera Salud recibió por parte de la administración, solo en concepto de precio inicial del contrato, un total de 1.688 millones de euros.

En diciembre de 2021, recuperó otro de los pelotazos propiciados por el expresidente Zaplana en el año 2000, cuando decidió ceder al sector privado los diagnósticos de resonancia magnética en los hospitales públicos. Grupo Ascires (Eresa e Iberdiagnosis), Clínica Benidorm, y en un segundo concierto, Ribera Salud, fueron los adjudicatarios, empresas todas ellas cercanas al PP.

El modelo impulsado por el que fuera también ministro de Trabajo ha supuesto un importante quebranto para las arcas públicas. Sobre el primer concierto, que expiraba en septiembre de 2008 y que se puso en marcha en enero de 2001, el diputado socialista Ignacio Subías denunció el sobrecoste de 100 millones de euros -un 60% respecto al dinero inicialmente estimado- que había supuesto a las arcas públicas privatizar las resonancias magnéticas.

Según un informe de la Sindicatura de Comptes del año 2013, con el PP al frente del Consell, el “ahorro potencial anual” del servicio entre 2008, año en que se adjudicó por segunda vez, y 2018, cuando vencía, oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la Sanidad pública valenciana prestara el servicio “con medios propios”. Es decir, el sobrecoste en los 10 años de contrato habría oscilado entre los 30,3 millones y los 160,7 millones en un contrato que de inicio se adjudicó por un importe de 497 millones. El coste medio por exploración fue de 257,1 euros en 2012 y se reduciría a 108,3 euros si fuera de gestión directa.

La Sociedad Valenciana de ITV SA es la empresa pública creada por el Gobierno valenciano del Pacto del Botánico que el pasado 23 de febrero asumió la gestión del servicio 25 años después de la externalización impulsada por el expresidente Eduardo Zaplana (PP), por la que está a un paso de sentarse en el banquillo por blanqueo y cohecho en el marco del 'caso Erial'.

La privatización de los servicios de Inspección Técnica de Vehículos que autorizó Zaplana y que ha investigado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el juzgado en el 'caso Erial' provocó un aumento de tarifas que situó a la Comunitat Valenciana como líder de España en cuanto al precio de la inspección.

La operación de externalización de un servicio que era público en los años 90 del siglo pasado sirvió para que unos pocos años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones de euros que son los que, a su vez, se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama internacional que se investiga en el caso Erial. Sedesa vendió su concesión por 86 millones de euros y la repartió entre muchos de los ahora investigados.

La privatización del servicio, en 1998, llegó a triplicar el precio a pagar por una inspección obligatoria, que pasó de una media de 18 euros hasta los 46, siempre en función de las características del turismo. Según informes internos de Consell, las ITV facturaron entre 1998, año de la privatización, y 2009 cerca de 317 millones de euros más de los previsto en los cálculos iniciales.