Recurso ante la Audiencia Nacional para detener las exhumaciones en el Valle de los Caídos
La ADVC reclama la suspensión de los trabajos iniciados en Cuelgamuros el pasado mes de junio y «el proceso de exhumación hasta informar a todas las familias de los enterrados en el cementerio de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos del proyecto que dé cuenta de las manipulaciones y actuaciones que se van a realizar sobre los restos de sus ancestros». La medida cautelar «es urgente, pues de nada serviría esta demanda si durante la tramitación del juicio se manipulan, extravían o mezclan los restos mortales de terceros fallecidos sin conocimiento de los interesados», según el escrito.
Los familiares representados por la ADVC argumentan que la resolución de Patrimonio Nacional del pasado 16 de junio «lesiona» la «protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona». Se trata de una disposición «dictada por la presidenta» del organismo estatal por la que se desestimó la petición del día 8 de ese mismo mes de junio con idéntico objetivo al que persigue el recurso admitido ahora por la Audiencia Nacional, que ha dado 15 días para que el Estado presente sus alegaciones.
La asociación que preside Pablo Linares recuerda que «tiene el encargo de múltiples familias [269] cuyos antecesores se encuentran inhumados en la totalidad de 23 espacios de enterramiento, conforme nos consta acreditado por Patrimonio Nacional, de ejercer cuantas acciones civiles y/o penales les puedan corresponder para evitar la manipulación de los cadáveres de sus ancestros sin su previa notificación, dándoles conocimiento y autorización expresa y escrita al efecto».
La entidad alude como ejemplo a Isidro Jiménez Barquero, «pariente colateral en cuarto grado» de siete inhumados en el Valle, y a Ramón Sánchez Díaz, sobrino del fallecido Alfredo Sánchez García, «cuyos restos mortales reposan en el osario sito en el interior de su basílica».
La ADVC apunta que «no se opone a exhumación alguna que se practique conforme a la legalidad vigente», pero «reclama el absoluto respeto a los familiares de todos aquellos inhumados que no desean ser trasladados, y respeto también a los propios restos que no van a ser exhumados por nadie», reclamando «en síntesis su derecho a descansar en paz con respeto a su dignidad, que no debe ser discriminada ni ignorada, conforme al artículo 10 de la Constitución Española».
Los trabajos forenses culminaron el pasado 20 de agosto con la inhumación de los restos de 12 víctimas en Pajares de Adaja (Ávila), dos de ellas no identificadas, y continúan en Cuelgamuros hasta la fecha sin que haya trascendido ningún nuevo hallazgo.
El recurso recuerda que el auto judicial de 2016 que autorizó las exhumaciones de los hermanos Lapeña –y ha dado pie al resto de actuaciones– «deja claro que no consta acreditado fidedignamente» que sus «restos mortales reposen en el Valle de los Caídos», e incluso que «tampoco existe prueba fiable alguna de que se encontraran en las fosas comunes de partida» [en Zaragoza]. Asimismo, que Patrimonio señaló que «no constan datos relativos a los restos mortales con estos nombres». Además, que la Comisión de Expertos de 2011 estimó que «el deterioro de las criptas y de los columbarios, unido al volumen de restos enterrados, hace prácticamente imposible como norma general, la identificación individualizada». Deplora el recurso el «oscurantismo absoluto» de Patrimonio Nacional y pone de manifiesto el «uso partidista y político» en «un asunto tan delicado».
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