Editorial: Al menos, conservemos lo que tenemos
A fines de julio trascendió la cancelación de los contratos para la rehabilitación de pavimentos, conservación de puentes y atención de sistemas de evacuación pluvial (cunetas y alcantarillas), entre otras labores de mantenimiento de la red vial. El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) agotó los recursos para pagar a los contratistas con medio año y buena parte del invierno por delante. Había motivos para preocuparse por el deterioro de la sufrida infraestructura nacional, pero faltaba lo peor.
El presupuesto enviado a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Hacienda asigna ¢51.108 millones al Conavi en el 2024. Son apenas ¢11 millones más que los fondos agotados a mediados de este año. En consecuencia, a mitad del 2024 se agotarán nuevamente los recursos asignados a la urgente tarea de contener el deterioro.
Esos esfuerzos sufren mucho retraso. Las vías nacionales no se han recuperado después de dos años sin mantenimiento a consecuencia de la estrechez fiscal, el escándalo Cochinilla y la parálisis ocasionada por sus secuelas. En el 2023 se previó una inversión de ¢97.000 millones a lo largo de dos años, pero los recursos asignados no alcanzan para ejecutar la totalidad de los contratos.
Ya el Conavi tiene clara la importancia de no adquirir compromisos superiores al financiamiento disponible. Así se ahorrará la suspensión de los contratos y los posibles reclamos, pero ese no es consuelo para carreteras y puentes urgidos de intervención y sometidos a una nueva espera.
Además, el ingeniero Jason Pérez, gerente de Conservación, no cree posible siquiera hacer frente, con ¢51.108 millones, a los contratos ya suscritos para la conservación de la red vial. Los contratos vigentes debían ejecutarse a lo largo de dos años y, si los diputados no disponen otra cosa, se incumplirán en ambos.
El Ministerio de Hacienda castigó al Conavi por mala ejecución del presupuesto del 2023. Pérez no ve razón para el castigo y, según su criterio, el Consejo cuenta con lo necesario para ejecutar con eficiencia y sentido de la oportunidad los recursos asignados al programa de conservación vial.
No obstante, el titular de Hacienda, Nogui Acosta, describió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes como uno de los que más subejecutan el presupuesto. “Le correspondió una reducción precisamente por eso, porque cada colón que les asignamos y no gastan dejamos de usarlo en algo con más impacto. El presupuesto crece en los Ministerios que hicieron una buena ejecución y son prioridad en el gobierno”.
Sin importar quien tiene la razón, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) insiste en la necesidad de frenar el deterioro y recuerda el altísimo costo de reparar daños. Cada dólar no invertido en mantenimiento se multiplica por siete o diez cuando llega la hora de la reparación inevitable, estimó el Lanamme en el 2016. Si la proporción es correcta, el pasivo acumulado por el país a lo largo de tres años de desatención de las vías es imponente.
La Asamblea Legislativa debe estudiar con detenimiento la propuesta de Hacienda. Puede haber otros rubros donde los recursos sean menos urgentes y, si el problema es la ineficiencia del Conavi, la solución no es castigar al país y su red vial. La infraestructura es indispensable para mantener la competitividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No ha sido fácil desarrollar la red de vías existente y es una mayúscula irresponsabilidad dejarla perderse. Las obras nuevas están paralizadas y algunos proyectos en curso de ejecución tardarán más de lo esperado. Por lo menos, conservemos lo que tenemos.