Convicto narco Press es detenido por ausentarse de juicio por violación de sellos en Limón
Jeison Alfaro Bustamante, conocido como Press, quien ya cumple una condena con tobillera electrónica por narcotráfico, fue detenido la mañana de este miércoles en Cartago, por presuntamente ausentarse de un juicio por presuntos delitos de invasión a un área de conservación y de violación de sellos.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que sobre Press se había emitido una orden de captura el 12 de setiembre por parte del Tribunal Penal de Limón.
El arresto fue realizado a las 11 a. m. por la Sección de Capturas del OIJ en conjunto con agentes de la Unidad de Recolección de Información Policial, mientras Press viajaba en un vehículo.
Su abogado, Gregorio Briglia, aseguró a La Nación que se trata de un caso abierto desde el 2013, y que en ese expediente Alfaro cuenta con otro defensor, Eduardo Barboza. Este a su vez aseguró que a su cliente lo detuvieron aunque no se iba a realizar el debate, debido a que “son dos imputados, el otro se encontraba incapacitado y era imposible hacer el juicio, Jeison se presentó conmigo al Tribunal Penal de Bribri, que es donode se conoce la causa”.
Este medio envió las consultas al Poder Judicial para corroborar la situación de ese juicio, y la oficina de prensa de la institución indicó que las mismas están en trámite en el Tribunal de Limón.
El delito de violación de sellos, uno de los dos delitos acusados en el debate, es reprimido con prisión de tres meses a dos años, y ocurre cuando una persona irrespeta los sellos colocados por la autoridad sobre una cosa, por ejemplo, la clausura de un negocio.
Asimismo, la Ley Forestal impone penas de entre tres meses y tres años a quien invada un área de conservación.
Historial penitenciario de Press
Press lideró una organización que comenzó a operar en agosto del 2016 en el Caribe Sur, sobre todo en el cantón de Talamanca, Limón. El grupo trasegaba cocaína desde Sudamérica para cambiarla en Jamaica por grandes cantidades de marihuana. En enero del 2019, la banda fue desmantelada tras allanamientos realizados en dos viviendas de Alfaro, una en Manzanillo y otra en Hone Creek, y él quedó en prisión preventiva.
En setiembre del 2020, aún en prisión preventiva, Press pagó ¢6 millones para conciliar con dos víctimas y librarse de un juicio por dos delitos de tentativa de homicidio simple, ocurridos el 2 de febrero del 2014 en Manzanillo.
El 25 de noviembre del 2021, aceptó los cargos de narcotráfico que se le achacaban para conseguir una condena más baja, según el voto número 2021-000858, dictado por el Tribunal Penal de Limón. El sujeto fue sentenciado a nueve años de cárcel tras someterse a un proceso abreviado.
Ya cumpliendo su condena, el 3 de agosto del 2022, el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela dio 24 horas al Centro Nacional de Atención Específica (Máxima Seguridad de La Reforma) para sacar a Press de la celda de 45 metros cuadrados y moverlo a un espacio más abierto, pues se resolvió que sufría problemas de movilidad, necesitaba atención de fisioterapia y se movilizaba en silla de ruedas.
El mismo Juzgado ya había ordenado desde el 20 de julio de ese año la reubicación del privado de libertad, a lo que el centro penal solicitó una prórroga para acatar la orden. La petición fue rechazada, y las jefaturas de la prisión recibieron un fuerte regaño por parte del juez.
Press fue reubicado en la cárcel de Terrazas, en el mismo complejo de La Reforma, de donde salió el 27 de abril pasado luego de que el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela autorizó que continúe su sentencia en un régimen abierto, pues ya había cumplido la mitad de la condena y se consideró que tuvo buen comportamiento en prisión.
El régimen abierto lo cumpliría en Cartago, en un sitio conocido como Comunidad, donde seguiría cumpliendo su sentencia bajo ciertas condiciones y requisitos, como mantener domicilio fijo, trabajar, no cometer un nuevo delito doloso con una pena mayor a seis meses y tener buena conducta.
Además, se le prohibió salir del país y viajar a Limón, y se le obligó a prestar un servicio comunal de 60 horas en total, con un mínimo de dos horas por semana, en alguna institución estatal o de beneficencia social, o bien, incorporarse a un programa de estudios.