De Maduro depende que las sanciones no vuelvan
La respuesta del régimen a la primaria opositora ha rayado en la histeria extremista. De la denuncia de un supuesto fraude, pasó a la intimidación, y de allí al uso de la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia como instrumentos para una retaliación descarada en contra de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, de las Juntas Regionales que organizaron la consulta en la provincia y de los directivos de Súmate. El gobierno no toleró el éxito de una jornada efectuada con el apoyo de miles de voluntarios, que de manera desinteresada respondieron al llamado de la Plataforma Unitaria y de los candidatos que se disputaron el voto de los ciudadanos.
A María Corina, triunfadora indiscutible de la consulta, la han descalificado e intentado anular porque, supuestamente, se encuentra inhabilitada para ser candidata, a pesar de que es suficientemente conocido que cuando, en 2015, la Contraloría General tomó esa arbitraria e injustificada medida administrativa, fue solo por un año y sin que tuviera consecuencias políticas de ninguna naturaleza, tal como lo precisó con suficiente claridad el contralor de la época, Manuel Galindo.
La última maniobra del régimen para intentar reducir al mínimo el impacto de la primaria ha sido inventar el fulano referendo sobre la Guayana Esequiba. Se trata, desde luego, de un artificio con el fin de estimular el chauvinismo y la cohesión del pueblo en torno de un gobierno aislado, impopular e inepto que está tratando de llegar a 2024 lo menos averiado posible. Después de haber abandonado totalmente la reclamación por la vía jurídica de ese territorio en disputa desde hace más de cien años, y de que Hugo Chávez abriera las compuertas para empoderar la República Cooperativa de Guyana, ahora Nicolás Maduro pretende mostrarse como el campeón de la reconquista. Una suerte de Cid Campeador suramericano.
A pesar de todos los chantajes, represalias y giros estrambóticos que el régimen ha dado para controlar los daños que la primaria le ocasionó, los resultados están allí: se movilizaron cerca de 2.500.000 personas que desean un cambio de gobierno pacífico, electoral y constitucional. Para liderar esa transformación eligieron a María Corina Machado. Ese mensaje fue captado por la comunidad internacional, especialmente por los países que facilitaron y estuvieron presentes en la firma del Acuerdo Preliminar de Barbados, en el cual el gobierno selló el compromiso de realizar el año entrante unas elecciones libres, competitivas y supervisadas por organismos especializados.
El Acuerdo Preliminar fue suscrito con la aprobación de Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, actuó solo en representación del Ejecutivo y, en particular, del jefe del Estado. Aunque en el Acuerdo no se menciona explícitamente eliminar las inhabilitaciones, quedó sobreentendido que unos comicios libres solo pueden llevarse a cabo si la oposición es capaz de elegir sin coacción ni discriminaciones al representante de su preferencia. No existen elecciones libres allí donde el régimen selecciona al candidato de la “oposición oficial”. Esa era una práctica común en las naciones comunistas de la órbita soviética, pero no en las democracias occidentales. El documento firmado en Barbados se inscribe en la tradición occidental, no en la de los países satélites.
Estados Unidos –a través de su secretario de Estado, Antony Blinken– ha señalado en repetidas oportunidades que Nicolás Maduro está obligado a cumplir el Acuerdo en todas sus partes –especialmente en lo referido a la liberación de los presos políticos, que incluye a los norteamericanos detenidos– y a rehabilitar los inhabilitados. Maduro no tiene “carta blanca” para violar el tratado, ha dicho Blinken. Esta declaración fue ratificada en Colombia hace pocos días por Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden para asuntos de seguridad hemisférica. En esa intervención González ratificó que Maduro dispone hasta el 30 de noviembre para honrar el pacto firmado. De lo contrario, el gobierno norteamericano tomará las medidas correspondientes. Pareciera que Estados Unidos está dispuesto a hacer valer su condición de garante del Acuerdo Preliminar.
Ahora, Maduro se encuentra ante el dilema de cumplir con lo establecido, o quedar rehén del ala más extremista, a la que no le importa romper con Estados Unidos y que las sanciones vuelvan a aplicarse, esta vez con mayor intensidad, con tal de permanecer empotrada en Miraflores por tiempo indefinido.
Si la ruptura entre la Casa Blanca y Miraflores llegase a ocurrir, Maduro sería el principal responsable de que no haya elecciones libres, de que se restablezcan las sanciones con mayor crudeza y de los indecibles costos que tal comportamiento le acarrearía a Venezuela, especialmente a los sectores más pobres. De él depende el futuro inmediato del país.
@trinomarquezc
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