Aprobada la ley europea de Restauración de la Naturaleza que no gusta a nadie
El Parlamento Europeo, las capitales y la Comisión han llegado a un acuerdo para recuperar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos dañados para 2030 y todos ellos en el año 2050 bajo la denominada Ley de Restauración de la Naturaleza. Una nueva normativa cuya tramitación ha resultado mucho más difícil de lo esperado debido a la firme oposición de los agricultores y ganaderos que consideran que se está poniendo en peligro su modo de vida y la seguridad alimentaria europea y también del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, a pesar de que la lucha contra el cambio climático es una de las principales prioridades de la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, de la misma familia política.
Finalmente, ha sido posible el acuerdo después de que se hayan introducido una serie de flexibilidades que rebajan la ambición inicial de la propuesta del Ejecutivo comunitario. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de poner en marcha un freno de emergencia que permite suspender esta nueva legislación durante un año en el caso de los ecosistemas agrícolas, si se producen situaciones de excepcionalidad que escapan al control europeo que supongan consecuencias severas para la seguridad alimentaria.
Además, en el año 2033 la Comisión Europea se ha comprometido a preparar un informe sobre la aplicación de esta legislación y sus consecuencias para la agricultura, pesca y los bosques europeos así como el impacto económico, lo que puede abrir la puerta a destinar más fondos para el sector.
Actualmente ya existe una legislación denominada Natura 2000 que establece los espacios protegidos y, como modo de que la transición sea más fácil, el acuerdo final permite que hasta 2030 los países europeos prioricen la restauración de los hábitats que ya están incluidos en esta red ya establecida.
En la misma línea, los Veintisiete también podrán aminorar el paso para la restauración de las turberas vaciadas utilizadas para la agricultura, de forma que el objetivo sea un 30% en 2030, un 40% en 2040 y un 50% en 2050, aunque aquellos países más afectados podrán rebajar estas cifras. Las turberas son aquellas áreas terrestres con acumulación de material orgánico en el suelo en estado de descomposición. Contribuyen a la lucha contra el cambio climático ya que suponen un sumidero de carbono natural. Su conservación y restauración reduce las emisiones al absorber el carbono de la atmósfera.
Además, este paquete también incluye la obligación de que los Estados miembros pongan en marcha como muy tarde para 2030 medidas para revertir el declive de las especies polinizadoras. A partir de esta fecha, los países europeos deberán analizar los progresos al menos cada seis años. Además, el acuerdo alcanzado pide a los países europeos que contribuyan a plantar 3.000 millones de árboles más de aquí a 2030 en todo el territorio comunitario; no reducir espacios verdes en las ciudades y eliminar barreras artificiales de los ríos para que al menos 25.000 kilómetros fluviales estén libres para 2030.
«Hemos logrado un acuerdo para recuperar aquello que nos genera no solamente vida, también servicios económicos y sociales, que impacta en el bienestar de las personas y en la viabilidad de la mayor parte de nuestras actividades, incluida, cómo no , la seguridad alimentaria», se ha felicitado la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera quien se desplazó este jueves a Bruselas para negociar el pacto, ya que este semestre España ostenta la presidencia rotatoria.
A pesar de que los negociadores ven este acuerdo como un triunfo después de meses de bronca política y una votación ajustadísima en la Eurocámara que se saldó con un estrecho margen de 336 votos a favor 300 en contra y 13 abstenciones, lo cierto es que el pacto final no ha gustado ni a las sociedades a favor del medio ambiente ni a los agricultores. Las primeras, entre las que se encuentran WWF, Amigos de la Tierra, Greenpeace o Ecologistas en Acción, lamentan lagunas y que el texto final haya «diluido»la propuesta inicial de la Comisión.
Por su parte, las asociaciones ganaderas y agrícolas europeas representadas en Copa y Cogepa se muestran «muy preocupadas» por el resultado final, al considerar que los objetivos no resultan realistas y que esto tendrá serias repercusiones en el sector alimentaria debido a la falta de medidas compensatorias para los agricultores, tal y como reconocen de manera implícita los propios negociadores al haber introducido una revisión en 2033.
El comunicado culpa de manera directa al ponente por parte de la Eurocámara, el socialista español César Luena al que acusan de haber reintroducido en el texto requisitos para los ecosistemas agrícolas, algo que había desaparecido en el voto final del Parlamento.
Ahora este pacto debe ser refrendado de manera oficial por las tres instituciones para que pueda entraren vigor, aunque normalmente esto se considera un formalismo que no suele deparar sorpresas.