Plan para legalizar 13 apartamentos turísticos sin licencia en un edificio de oficinas y viviendas en la calle San Bernardo

Otro edificio del centro de Madrid reconvertido en apartamentos turísticos. El Ayuntamiento de la capital tramita un plan especial para legalizar varios pisos turísticos abiertos sobre un edificio de la calle San Bernardo que hasta ahora solo tiene licencia para albergar oficinas y nueve viviendas, según consta en la documentación del proyecto a la que ha tenido acceso Somos Malasaña.

El inmueble está situado en el número 41 de la calle San Bernardo, a escasos metros del Ministerio de Justicia, y su negocio turístico funciona desde hace al menos dos años bajo el nombre de Arizónica Suites, 13 apartamentos "ideales para disfrutar Madrid desde el corazón de la ciudad", explica en su propia página web, donde es posible reservar una de sus estancias con precios que van desde los 147 a los 190 euros por noche, con posibilidad de usar una de sus 11 plazas de aparcamiento subterráneas.

El Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos que tramita el equipo de Almeida intenta conseguir licencia de apartamentos turísticos para todo el inmueble, que no necesitará de obras ya que la actividad que ahora mismo ejerce coincide con el fin que dispone el plan. De hecho, se adjunta un estudio económico de ingresos con previsiones entre los años 2022 y 2025. Para este año entrante, por ejemplo, se prevé que estos apartamentos arrojen unos beneficios de 213.996 euros antes de impuestos.

El impulsor de estos apartamentos que ahora buscan su legalización es Karim Bulaix García Valiño, presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta y con una familia de tradición hotelera en la ciudad africana. Su nombre es el que aparece como administrador de la empresa San Bernardo 41 SA, propietaria del edificio.

La tramitación de este plan especial viene de largo, ya que la primera petición data del año 2021 y fue rechazada por más de una veintena de errores, que pidieron ser enmendados en una subsanación posterior en el año 2022. Pese a ello, la actividad hotelera se ha seguido ofreciendo sin que consten visitas o inspecciones del Ayuntamiento de Madrid al inmueble ni propuestas de sanción.

Actualmente, el edificio cuenta con una licencia de primera ocupación para viviendas y oficinas del año 2012, según consta en el sistema de expedientes urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid. La legislación urbanística de la ciudad permite su conversión en apartamentos turísticos, dentro de los usos autorizables para esta calle de la ciudad.

El impulsor del plan justifica el cambio porque el turismo promueve "una sociedad más avanzada, libre y abierta" gracias al paso por Madrid "de distintas procedencias, edades, culturas, maneras de pensar" que resulta "muy enriquecedora tanto a nivel personal como sociológico y cultural". Además, añade que "si el uso de hospedaje se realiza de manera adecuada, sin perjudicar a terceros, respetando los derechos de los vecinos, teniendo en cuenta sus necesidades y realizándolo en edificaciones adecuadas no solo no será un problema para la ciudad, sino que será un complemento perfecto a esta".  

Este nuevo intento de legalización de una actividad turística tiene lugar después del caso en la plaza Conde de Miranda, donde 26 apartamentos dedicados a viajeros, que tenían orden de cierre, están en proceso de legalización por parte del Ayuntamiento de Madrid. Los propietarios no han llegado a ser multados por su actividad sin licencia, pese a las sucesivas denuncias de la Agencia de Actividades.

Los dos casos citados en Madrid contrastan con el que se conoció esta semana en Barcelona, donde su consistorio va a sancionar con 420.000 euros al dueño de un edificio con 14 pisos turísticos. El propietario del negocio intentaba disfrazar los alquileres a visitantes como contratos de vivienda habitual ya que una de las ocupantes sí que era arrendataria a largo plazo, una práctica también habitual en la capital de España.

La propiedad del edificio, situado en el número 24 de la calle Ample, es una comunidad de bienes familiar que alquilaba a través de Booking y Airbnb salvo a una inquilina de renta antigua que era la encargada de gestionar la recogida de llaves y entradas y salidas de los huéspedes.