El comienzo del año está poniendo en dificultades a la ministra de Sanidad, Mónica García. Mientras fue portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, García destacó por su locuacidad y por su capacidad para formular eslóganes muy poco amables en su confrontación con Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la retórica de partido y el efectismo parlamentario tienen muy poco que ver con la gestión diligente y responsable de una cartera tan delicada como es Sanidad. En el que ha sido su cuarto Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), la ministra no ha sido capaz de generar un consenso mínimo para prescribir el uso de mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Sólo Cataluña ha apoyado la iniciativa promovida por la ministra e incluso las comunidades gobernadas por el Partido Socialista (Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha) se han mostrado reacias a aprobar la medida planteada por Mónica García. La postura de los territorios es razonable ya que, en un escenario como el actual, parece mucho más maduro apelar a la concienciación y a la educación y no a la imposición forzosa de la mascarilla. La reunión fue tensa y la insuficiente preparación del encuentro puso de manifiesto el alto grado de improvisación de la convocatoria. Con retraso, y después de que todas las grandes concentraciones de Navidad hayan tenido lugar y con varias medidas adelantadas ya por los territorios ante la inacción del Gobierno, Mónica García reunió a los consejeros autonómicos de Sanidad sin remitirles previamente la documentación que debía ser objeto de deliberación. De hecho, esa información imprescindible no les fue suministrada hasta quince minutos después de que comenzara el encuentro, lo que constituye una falta de previsión inadmisible en una reunión de esta categoría. Esta falta de profesionalidad e improvisación contrasta con el perfil mediático que la ministra de Sanidad reclama para sí, una sobreexposición que denota un afán de protagonismo político impropio en una cartera que tradicionalmente ha estado vinculada a la gestión eficaz y a cierta discreción ejecutiva. Además del fracaso relativo a las mascarillas, Mónica García ha propuesto instaurar un mecanismo para que los ciudadanos puedan tramitar su propia baja de tres días a través de una declaración responsable. Más allá del coste económico que la medida podría entrañar, ya que las garantías de control y seguimiento serían nulas o muy escasas, esta medida constituye una absoluta dejación de las competencias que se le presuponen a una ministra de Sanidad. Todos los ciudadanos españoles tienen y deben tener acceso a una cobertura sanitaria entre cuyos servicios elementales se cuenta también la tramitación garantista de las bajas médicas. Delegar una competencia semejante en cada ciudadano equivale a dimitir de una función enormemente sensible que entraña planos de responsabilidad que son insustituibles. La Administración no puede desatender a los ciudadanos aduciendo el colapso de la Atención Primaria. El problema que nuestro país tiene con la medicina de familia es estructural y merecería ser abordado de forma prioritaria y estable, ejerciendo el liderazgo que se le presupone a un Gobierno central y coordinando a las administraciones autonómicas para resolver un problema que empieza a cronificarse. A la luz de estos primeros compases, parece que la gestión del Sistema Nacional de Salud es una tarea demasiado compleja para quien ni siquiera es capaz de organizar con una mínima previsión una reunión del Consejo Interterritorial.
