La pareja de Ayuso creó una sociedad en Florida de actividad desconocida en plena investigación fiscal
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, constituyó una sociedad en Florida (Estados Unidos) en octubre de 2022, tras adquirir uno de los dos pisos de lujo en los que reside junto a la presidenta madrileña y cuando la Agencia Tributaria ya le investigaba por defraudar 350.951 euros con facturas falsas. Según el registro mercantil del Estado de Florida, la empresa Burnet & Brown Investments Llc fue creada el 25 de octubre de 2022 y está radicada en Boca Ratón (Palm Beach), una ciudad de la costa suroriental de Florida, muy cerca de Miami, conocida por sus campos de golf, parques y playas. El Registro de Florida no refleja a qué se dedica la sociedad.
El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue administrando esta sociedad a día de hoy pese a que su actividad es desconocida. El pasado martes elDiario.es desveló que la Fiscalía le acusa de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos. El último informe anual de Burnet & Brown fue presentado el pasado 15 de enero. En la información disponible en el registro de Florida la firma aparece como activa. La empresa está domiciliada muy cerca de la marina de Boca Ratón. Está administrada por Alberto González junto a uno sus socios en varios negocios, César Nieto Moreno.
El estado de Florida emerge en la investigación al novio de Ayuso por la propia declaración de Alberto González Amador a la Agencia Tributaria. El empresario aseguró que había ingresado casi 2 millones de euros por intermediar entre una empresa catalana y otra gallega en la venta de material sanitario en pandemia por valor de 42 millones. En dicha intermediación entre FCS Select Products SL y Mape Asesores participó una sociedad con sede en Florida, IHD Inteconn, según el relato del propio González Amador a los inspectores.
Sin embargo, en el Registro Mercantil Mercantil de Florida no aparece ninguna empresa con el nombre de IHD Inteconn. FCS Select, la empresa que pagó esa comisión a la pareja de Ayuso (y a la que el PP de Madrid denunció en la Fiscalía por los contratos obtenidos del Gobierno central durante la pandemia), negó a El País que hubiera contactos con el novio de Isabel Díaz Ayuso en fechas anteriores a marzo de 2020.
González Amador aseguró a la Agencia Tributaria que había firmado un contrato con esa empresa el 25 de enero de 2020, cuando no se había detectado ningún caso de coronavirus en España. En esas fechas, China acababa de decretar el confinamiento de Wuhan, la ciudad en la que se inició la pandemia de COVID-19. El primer caso oficial en Europa se detectó en Italia el 21 de febrero de 2020.
El registro de Burnet & Brown Investments Llc en Florida se realizó tres meses después de la adquisición de la lujosa vivienda en el barrio de Chamberí a nombre de Alberto González. Esta vivienda, valorada en más de un millón de euros y en la que el comisionista reside junto a Isabel Díaz Ayuso, se compró después del presunto fraude a la Agencia Tributaria. Sobre el piso pesa una hipoteca de 500.000 euros, muy inferior a su valor de mercado. Se adquirió en julio de 2022, pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad hasta que transcurrió un año, tras las elecciones autonómicas de mayo pasado.
A los dos días de anotarse esa escritura en el Registro de la Propiedad, en julio de 2023, se adquirió el segundo piso del que disfruta la pareja, el ático del edificio. Este inmueble está a nombre de Babia Capital SL, una sociedad cuyos accionistas se desconocen y que administra Javier Gómez, el abogado que representó a Alberto González Amador en la inspección que le abrió la Agencia Tributaria.
Por su parte, la sociedad en Florida fue inscrita en la misma semana en la que Hacienda notificó al abogado de González Amador ampliación de la inspección abierta en mayo de ese año. Las primeras sospechas de que había defraudado en la declaración de 2020 se extendían hasta el año siguiente, 2021.
El registro de esta empresa en Florida, que revela hoy elDiario.es, se produjo tras el viaje que realizó Isabel Díaz Ayuso a Miami entre el 24 y el 28 de junio de 2022. La presidenta madrileña se desplazó al estado norteamericano para buscar inversores y proyectos para la Comunidad de Madrid. Allí se reunió en el condado de Miami Dade con, entre otros, empresarios de la Cámara de Comercio España-EE UU. Fue acompañada por Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Madrid. Fuentes de la Comunidad de Madrid niegan que viajase acompañada de más empresarios.
La visita, criticada por la oposición por la nula justificación institucional, se realizó justo después de que la Fiscalía archivara la denuncia contra su hermano por la comisión en la compra de mascarillas para la Comunidad de Madrid, también en lo peor de la pandemia.
Pedro Muñoz Abrines, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, defendió entonces la conveniencia del viaje porque la presidenta “está promoviendo acuerdos económicos y culturales que pueden ser muy importantes para nuestra región”, que pueden ser “punto de enlace de América con Europa”.
La empresa en Florida del novio de Ayuso se une a la sociedad panameña que Alberto González Amador administró hasta 2022, cuando se liquidó, tras los dos ejercicios fiscales por los que está acusado de fraude tributario y falsedad documental.
Esa empresa en ese paraíso fiscal la creó en 2013 Fernando Camino, actual directivo de Quirón Prevención, que es el principal cliente de la pareja de Ayuso, según la información de la Agencia Tributaria incluida en la denuncia de la Fiscalía.
Un documento depositado en el registro panameño indica que la decisión de aprobar la disolución y liquidación de esa sociedad panameña, Insumos Médicos del Pacífico S.A., se adoptó en una reunión en Madrid el 15 de marzo de 2022, aunque la firma siguió activa unos meses. La víspera, el novio de Ayuso dimitió como director y secretario.
Su sustituto fue César Nieto, con quien comparte esa empresa en Florida y negocios en España. Ambos son socios de una empresa de alojamiento turístico, October Twelve Accommodation SL, creada en Madrid el 17 de marzo de 2022, dos días después de aprobarse la liquidación de esa sociedad panameña.
Con un capital de 210.000 euros, la pareja de Ayuso y César Nieto tienen un 40% cada uno en esta sociedad, que figura en el Registro de la Propiedad como dueña de dos locales comerciales en el popular barrio de Usera. Los compró el 28 de abril de 2022 y sobre ellos no pesa ninguna hipoteca. Se adquirieron poco antes de que, en 2022, y tras cometer el supuesto fraude fiscal denunciado por la Fiscalía, González Amador comprase también ese piso en Chamberí.
El propio Alberto González identificó ante la Agencia Tributaria a César Nieto como experto en mercado sanitario en Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, una de las empresas con las que defraudó a Hacienda, y que se dedica a prestar servicios sanitarios.
El informe de la Agencia Tributaria que dio origen a la denuncia de la Fiscalía identifica a César Nieto como una de las personas de Maxwell Cremona que dio servicio a Quirón Prevención SL por servicios de expansión en Latinoamérica, en virtud de una contraprestación de 600.000 euros más IVA para la empresa de González Amador.
Esos servicios, según Hacienda, no los prestó Maxwell Cremona, sino una “mera sociedad interpuesta”, según la Agencia Tributaria, que la pareja de Ayuso adquirió a finales de 2020.
El informe de Hacienda define así el objetivo de esa operación: “Remansar fondos en favor de Alberto González Amador”. El mecanismo utilizado consistió en traspasar a esa empresa pantalla, Masterman and Whitaker, un contrato con Quirón a cambio de los citados 600.000 euros (más IVA). El problema fue doble según Hacienda: esa segunda firma, sin empleados ni infraestructura, no tenía medios para realizar los trabajos, y además el importe real facturado fue en realidad muy inferior, de 237.320 euros.
A ojos de la Agencia Tributaria, esa cesión “carente de sentido”, fue una “simulación” por la que esa sociedad interpuesta emitió “una factura ficticia”, por un importe estimado, que “no se corresponde con la realidad de la prestación acometida”. El resultado fue una “ventaja fiscal inadmisible” para crear “de forma artificial, unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros”.
Haciendo así las cuentas, la nueva empresa se anotó ese año unas pérdidas de más de 222.000 euros. Con esa factura falsa, generó un gasto deducible con el que se apuntó un crédito fiscal a futuro para poder compensarlo con una desgravación fiscal cuando empezase a declarar beneficios. Y una de las personas que prestó esos servicios a Quirón fue César Nieto, el socio de Alberto González en España, Panamá y Florida.
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