La Abogacía de Madrid pide al juez que envíe al Supremo la revelación de secretos del novio de Ayuso

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha pedido al juez instructor de la causa por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso , que eleve el asunto al Tribunal Supremo ante los «indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal General del Estado» por el envío de aquella nota de prensa que recogía información sobre el empresario. La petición trae cuenta de la declaración este jueves de los dos imputados, la fiscal jefe de la Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto, quienes volvieron a señalar que la orden de emitir aquel comunicado que recogía extractos de correos electrónicos entre el mencionado fiscal y el abogado de González Amador, salió de la Fiscalía General. El ICAM presentó su propia querella al ver concernidos los derechos de los abogados en tanto que se habría producido una quiebra grave del deber de confidencialidad de las comunicaciones con el Ministerio Público y se habría lesionado el derecho de defensa de González Amador porque aquella nota, recogía que había asumido dos delitos fiscales buscando un pacto de conformidad para eludir un ingreso en prisión. La Fiscalía le había denunciado por ilícitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental. Hasta ahora, todos los caminos llevan al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que goza de aforamiento ante el Tribunal Supremo y sólo puede ser investigado allí. Él mismo dijo públicamente y luego por escrito al juez instructor que asumía la responsabilidad última del envío de aquella nota de prensa y que fue señalado además por la fiscal Superior de Madrid, Adriana Lastra. Como testigo, ella refirió que había recibido una orden directa y la pidió de hecho por escrito porque discrepaba de la decisión. El decano, Eugenio Ribón, subraya «la gravedad de los hechos y la necesidad impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes«. »La protección de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos y este Colegio será firme ante cualquier vulneración del mismo», recoge una nota de la institución.