El abogado de Begoña Gómez rechaza investigar el rescate de Air Europa: «Carece de fundamento»

L:a defensa de Begoña Gómez ha recurrido la decisión del juez que la investiga por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios de recabar en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) todo el expediente del rescate de Air Europa. Argumenta que este no es el objeto de la causa y la diligencia «carece de fundamento». En el escrito, al que tuvo acceso ABC, el letrado Antonio Camacho subraya que no tiene conocimiento «de que se haya dictado un auto ampliando el objeto de la investigación en los términos en que quedó delimitado por el auto de la Audiencia Provincial», el mismo que avalaba las pesquisas pero se refería a los hechos denunciados por Manos Limpias sobre Air Europa como conjeturas. «Procesalmente las ayudas otorgadas por el Gobierno a Globalia/Air Europa no constituyen el objeto del presente procedimiento ni hay resolución judicial alguna del Juzgado de Instrucción que así lo acuerde. En estas circunstancia parece absolutamente contrario a los principios que rigen el proceso penal que se pretenda investigar unos hechos respecto al cual no se ha incoado ningún procedimiento en el seno del cual investigarlos», argumenta el letrado. La defensa de Gómez libra una batalla con el juez instructor desde hace días para que se le aclare por qué hechos concretos está siendo investigada la mujer del presidente del Gobierno una vez la Fiscalía Europea asumió buena parte de las pesquisas. La respuesta que le dio el magistrado es que había «dos bloques de hechos» que mantenían viva la causa, pero no concretó cuales. Lo siguiente fue citar como testigo al rector de la Universidad Complutense de Madrid, -lo que daba la pista de que se estaba investigando la cátedra que Gómez codirigía- y recabar los papeles a la SEPI del rescate de Air Europa -lo que apunta a que también está buscando tráfico de influencias en ese contexto-, pero sin detallar sus razones en ninguna de esas diligencias. También se ha oficiado a la UCO para que la Inspección General del Estado analice otros contratos públicos con los que la defensa de Gómez sostiene que «no tiene nada que ver». Para el letrado, se están quebrando con este proceder el principio de legalidad y el derecho de defensa.