«Una inaceptable configuración del servicio, que estuvo plagado de errores de coordinación, falta de medios y no atendimiento de la obligación de garantizar los medios y la integridad de los guardias civiles intervinientes». Es lo que han declarado este viernes ante la juez de Barbate (Cádiz) los cuatro guardias civiles supervivientes al asesinato de dos compañeros al ser arrollados por una narcolancha. Así lo ha dado a conocer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate aceptó en mayo su personación en calidad de acusación popular en las diligencias previas abiertas como consecuencia de la denuncia formulada para depurar las presuntas responsabilidades penales por hechos que pudiera ser tenidos como contrarios a los derechos de los trabajadores. Además, el Juzgado desestimó la petición de la Fiscalía de archivar y sobreseer provisionalmente las diligencias y, por el contrario, acordó la práctica de diligencias de investigación, en línea con las que fueron propuestas por AUGC en su escrito de denuncia, según ha explicado la asociación. En este sentido, ha añadido que el juzgado también acordó incluir los autos de las declaraciones prestadas por los guardias civiles supervivientes a los hechos sucedidos el 9 de febrero de 2024 en el Puerto de Barbate, en las que manifestaron las «inaceptables condiciones de seguridad y de falta de medios para poder prestar, con mínimas condiciones de seguridad y eficacia, el servicio que les había sido ordenado». En la denuncia, AUGC pidió la investigación penal por si pudiera existir la presunta comisión de un delito previsto en el artículo 316 , que señala que «los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses». Igualmente, según ha recordado, la AUGC aludió en su denuncia al artículo 318, que dice que «cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello». Finalmente, la AUGC ha asegurado que continuará la defensa de los derechos fundamentales y profesionales de los miembros de la Guardia Civil y ha recordado que la prevención de los riesgos laborales «es un derecho de todos los miembros de la Guardia Civil y una obligación principal para quienes ejercen el mando y conducen las operaciones». Estos agentes han estado acompañado por sus mujeres y familiares agrupados en la asociación Corazón por Bandera, quienes han querido así mostrarles su apoyo «ante su sensación de abandono», según ha señalado ante los medios la esposa de uno de estos efectivos y vicepresidenta de esta entidad, Silvia Mera. No ha sido el único lugar en el que ha habido estas muestras de apoyo. Ha habido concentraciones similares en otras ciudades andaluzas, como Granada.
