Begoña Gómez rechaza que el juez busque información del rescate de Air Europa porque no es "objeto" de la causa
La defensa de Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha opuesto a que el juez que la investiga pida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) información sobre el rescate a Air Europa. Argumenta que “procesalmente las ayudas otorgadas por el Gobierno” a la compañía “no constituyen el objeto del presente procedimiento”.
En su recurso, recogido por Europa Press, su abogado asegura que la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado “carece de fundamento” dado que “si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento no cabe pedir una documentación que tiene que ver con la concesión de unas ayudas aprobadas en Consejo de Ministros”. Y añade, que dada la condición de [aforados] los integrantes de este, ni siquiera estaría dentro de la competencia del juzgado para investigar esos hechos.
En este contexto, la defensa de Gómez afirma que “no tiene conocimiento de que se haya dictado un auto ampliando el objeto de la investigación en los términos en que quedó delimitado por la Audiencia Provincial”. Ese tribunal ya estableció que nada de lo se decía en la querella de Manos Limpias referente a la compañía aérea pasaban de ser “meras conjeturas”. Pese a ello, el juez Peinado ha puesto el foco en las ayudas que otorgó el Gobierno en 2020 para rescatar a la compañía Air Europa con el objetivo de conocer su ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto.
Para apoyar su recurso, la defensa de Gómez recuerda que sistema procesal penal español prohíbe las investigaciones prospectivas. “Es decir, aquellas en las que, con la excusa de investigar un determinado hecho delictivo, en realidad, lo que se busca es inspeccionar en la vida del investigado para ver si otros delitos pueden ser descubiertos”, critica.
Por último, el letrado de Gómez incide en que “el Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre las causas generales, afirmando que someter a una persona a una investigación prospectiva es 'del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de Derecho'”.