Cómo quedó la lista de empresas a privatizar tras la aprobación de la Ley Bases
El Gobierno nacional consiguió este viernes en Diputados, y después de seis meses de idas y vueltas, la aprobación definitiva de la Ley Bases y el denominado paquete fiscal en el Congreso.
La reforma del Estado, la declaración de emergencia económica, la creación de un programa de grandes inversiones (RIGI), la reforma laboral, el blanqueo de capitales, la reforma de Bienes Personales, y la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría son los principales ejes de la iniciativa oficialista que, además, incluye la privatización de empresas públicas.
En este punto, y si bien el la aprobación significa la primera victoria legislativa del Ejecutivo desde que asumió, el Gobierno no tiene tantos motivos para celebrar, ya que debió acortar a seis un listado que originalmente incluía 41 empresas del Estado sujetas a privatización.
El recorte más grande tuvo lugar tras el primer tropezón del oficialismo en la Cámara Baja. Tras intensas negociaciones, en la segunda versión del proyecto el número de empresas se redujo a 11, con la salida de pesos pesados como el Banco Nación e YPF.
Cuando el texto llegó al Senado, que le dio el visto bueno quedaban sólo 9 en pie, y tras una serie de modificaciones introducidas en comisión en la Cámara Alta, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina fueron retiradas del proyecto.
De esta manera, las compañías que quedaron sujetas a privatización finalmente son seis, con otras dos abiertas a recibir capital privado en un programa de propiedad participada.
Ley Bases: con la aprobación, qué empresas públicas se van a privatizar
- Se autorizó la privatización total de las empresas Enarsa, e Intercargo, y en forma parcial (con posibilidad de concesión) de Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.
- Además, se podrá aportar capital privado (con un programa de propiedad participada) en Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.
Sobre cómo será el proceso de privatización, el capítulo que trata el tema en el proyecto de Reforma del Estado detalla que "para privatizar las empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que estén en ejecución".
Además, establece normas para la liquidación de los bienes de empresas estatales en el marco de las privatizaciones y dispone que el proceso de privatización "deberá regirse por los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, publicidad y difusión".
También establece que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones intervendrá en las privatizaciones que se lleven adelante, y que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) colaborará permanentemente con la comisión.
Todo el proceso de privatización será examinado por la Auditoría General de la Nación una vez finalizado el mismo, y se presentará un informe ante la comisión bicameral.