El Gobierno ha presentado ante la Corte Internacional de la Justicia (CIJ) los documentos para sumarse a la demanda promovida por Sudáfrica contra Israel por el riesgo de genocidio en la Franja de Gaza, apelando entre otras cosas al bloqueo de la ayuda humanitaria, la destrucción de infraestructuras básicas y las declaraciones vertidas por autoridades israelíes. España sigue los pasos de Nicaragua, Colombia, Libia, México y la propia Palestina, que previamente ya se habían incorporado como intervinientes en un litigio que ha derivado en la emisión en dos ocasiones de medidas cautelares por parte de la CIJ, que ha reclamado en vano a Israel frenar su ofensiva y permitir la entrada de ayuda en Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación explica en un comunicado que «España da este paso movida por su responsabilidad» como Estado parte de la de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, «por el firme compromiso con el Derecho Internacional y con la labor de la Corte Internacional de Justicia, apoyando su papel como máximo órgano judicial del sistema de Naciones Unidas y como garante de un orden multilateral basado en reglas». Aspira a «contribuir a que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio », teniendo en cuenta además que conviene «avanzar» en la solución de dos Estados, ya que a juicio del Gobierno de Pedro Sánchez ésta sería «la única garantía para que los palestinos e israelíes puedan convivir en paz y seguridad» y haya «estabilidad en toda la región». En su solicitud, España alude a su condición de firmante de la Convención contra el Genocidio, un acuerdo que, subraya, «no es sólo un tratado de Derecho penal». «Contiene elementos claramente vinculados a la protección y la salvaguarda de valores fundamentales y principios del Derecho Internacional, entre ellos la protección de la dignidad humana y el principio de la rendición de cuentas», por lo que los países firmantes tendrían «obligaciones» que trascienden a la mera persecución penal . En este sentido, y aunque en el texto dejan claro la «condena inequívoca» de los atentados «brutales, indiscriminados e injustificados» perpetrados el 7 de octubre por Hamás, también se sugiere que hay argumentos que sustentan las acusaciones contra Israel , entre ellas que los palestinos pueden ser considerados un «grupo» particular, condición para que puedan ser víctimas de genocidio. Alude, asimismo, a la «crisis humanitaria sin precedentes» en la Franja de Gaza y al hecho de que el «bloqueo» impuesto por Israel está derivando en una situación que «podría» estar contemplada en la citada Convención, en particular el artículo que penaliza «destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso». En cuanto a la «intención», condición 'sine qua non' para que exista un delito de genocidio, la solicitud española considera «útil» tener en cuenta declaraciones vertidas por altos cargos israelíes y cita en concreto unas del ahora ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, que en octubre, cuando era responsable de Energía, instó a «toda la población civil de Gaza» a «irse inmediatamente» y prometió que «no recibirán una gota de agua o una sola pila hasta que se vayan del mundo» . España alude a las medidas provisionales dictadas por las CIJ y en las que hay ya «claras instrucciones» para que Israel «cumpla su obligación de prevención» de un genocidio en Gaza. Unas medidas «vinculantes», reza el texto, en la que se invita a la CIJ a examinar si efectivamente Israel está incumpliendo uno de los pilares de la Convención al desatender la supuesta prevención.
