La consulta de Mazón para "arrinconar el valenciano" en los colegios, un nuevo conflicto creado por el PP en Educación

El pasado lunes, 23 de diciembre, la Conselleria de Educación publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), 'de tapadillo' en pleno período navideño, el trámite de audiencia e información pública del proyecto de orden para llevar a cabo en los colegios la consulta a las familias sobre la lengua base en la que desean que estudien sus hijos e hijas. De este modo, se daban diez días para presentar alegaciones. A pesar de las fechas, con un fin de semana y varios festivos entre medias, numerosos han sido los colectivos que han anunciado que van a presentar alegaciones a esta orden, que ha abierto una nueva brecha en la relación que mantiene el departamento que dirige el popular José Antonio Rovira con las familias.

El primer problema con el que se ha encontrado la comunidad educativa es que hasta el jueves 26 de diciembre, con dos días de retraso y en pleno período vacacional, no se abrió la fase de información pública. Famílies pel Valencià, colectivo que agrupa a miles de familias, ha denunciado esta situación, que apuntan que dificulta que muchas asociaciones puedan reunirse para presentar las alegaciones o que muchas personas las puedan presentar. Además, sostienen, “imposibilita la convocatoria de consejos escolares o de claustros para presentar alegaciones conjuntas”.

En el caso de Famílies pel Valencià, la entidad ha presentado cinco alegaciones diferentes y las ha puesto a disposición de toda la ciudadanía para que puedan presentar las mismas.

Así, consideran que el objetivo final de esta consulta es “arrinconar el valenciano”, lo que insisten en que es contrario a la promoción debe tener lengua, “tal y como está expresado en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià; manifiestan que con la celebración de la consulta y la aplicación de la nueva ley educativa ”no se asegura la presencia del 50% del valenciano a las aulas y se discrimina al alumnado de las zonas castellanohablantes“; opinan que la realización de la consulta en un contexto donde hay escuelas e institutos reubicados por la DANA ”imposibilita tanto que se pueda llevar a cabo la fase de información a las familias por parte de los centros educativos como garantizar espacios seguros para paliar la brecha digital“.

Además, sostienen que se asegura que el resultado que se derive de la consulta “ningunea el papel de los profesionales de la educación que se esfuerzan para crear grupos donde se contemplan razones de género, de procedencia y de necesidades educativas”; y manifiestan que el sistema de puntos utilizado para elegir qué persona va al grupo que no corresponde con el marcado por su familia es “totalmente discriminatorio y no atiende a ningún tipo de razón educativa ni pedagógica”.

La asociación ha argumentado estas alegaciones basándose en leyes educativas como la LOMLOE, los diferentes decretos de inclusión aprobados por la Generalitat Valenciana, en la LUEV o en los informes elaborados por la Universitat de València o la Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Movilizaciones contra Rovira

Las políticas educativas del Partido Popular han provocado ya diversas movilizaciones en las que la comunidad educativa ha exigido la dimisión de José Antonio Rovira, la última de ellas el pasado 23 de noviembre, y la primera, la huelga general educativa convocada el pasado 23 de mayo. Tanto familias como docentes se han manifestado reiteradamente en contra de medidas como la llamada ley de 'libertad' educativa, que incluso ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. El alto tribunal admitió a trámite el recurso presentado contra esta norma por parte de Compromís.