El ayuntamiento de Marbella paraliza tras dos años el control biométrico a sus empleados por una posible sanción

De un día para otro, el ayuntamiento de Marbella dice que va a poner fin a una práctica que mantuvo durante casi dos años a pesar de las denuncias sindicales y el criterio en contrario de la Agencia de Protección de Datos. Hasta ahora, los 4.000 empleados públicos del Consistorio gobernado por Ángeles Muñoz (PP) fichaban mediante un escaneo facial o de sus huellas digitales. Ante la resistencia de algunos a entregar sus datos biométricos, el ayuntamiento llegó a abrir varios expedientes disciplinarios. Ahora dice que retira el sistema, pero deja la puerta abierta a recuperarlo en un futuro.

El motivo es que el Consejo de Transparencia ha iniciado un expediente sancionador por esta práctica, implantada por Decreto en Marbella en diciembre de 2022. El Consejo abre expediente por el “posible incumplimiento de la normativa de protección de datos personales”, según la resolución a la que ha tenido acceso este medio.

Ante las dudas que plantea el Consejo de Transparencia (…) el Consistorio ha decidido optar por retirar el sistema biométrico“ manteniendo el manual, señala el Consistorio en una respuesta escrita a este medio. Además, explica por qué lo mantuvieron hasta ahora: considera que el sistema biométrico en el registro de jornada es el más adecuado ”por las garantías que ofrece en cuanto al fraude y a la comodidad del trabajador“. Antifraude también abrió una investigación por la práctica del ayuntamiento (principalmente del área de Limpieza) de imputar miles de horas extra imposibles de realizar, tal y como ha venido informando este medio en los últimos años.

De momento, “se van a articular registros que excluyan dichos datos biométricos”, pero el ayuntamiento no se da por vencido, y advierte de que alegará para defender el sistema que hasta ahora venía aplicando, que considera legal y que, asegura, siempre fue voluntario para los empleados municipales. Fuentes sindicales subrayan, por el contrario, que no se pidió el consentimiento a los trabajadores.

Varios expedientes a trabajadores

ElDiario.es Andalucía informó hace ahora un año de que el ayuntamiento marbellí estaba recopilando los datos biométricos de sus empleados. Por entonces, el Consistorio acababa de extender la implantación del sistema a la Policía Local, donde encontró resistencias hasta el punto de que al menos dos agentes se negaron, y fueron advertidos de que serían expedientados si seguían haciéndolo.

No era la primera vez. En verano de 2023 también expedientó a dos trabajadores del servicio de limpiezas y jardines por negarse a fichar con el sistema de biometría facial. La instructora les imputó una falta grave, a pesar de que ellos demostraron que seguían fichando mediante el sistema de firmas. El ayuntamiento alegaba que el control biométrico era necesario para el cumplimiento de los horarios. Algunas de estas sanciones han sido recurridas por los trabajadores ante los tribunales.

En abril de 2023 el sindicato SEPMA llevó el caso ante el Consejo de Transparencia, que ahora notifica el inicio del procedimiento sancionador por el incumplimiento de la normativa de protección de datos personales. En este año y medio, el Consejo ha dado audiencia al ayuntamiento y ha estudiado los argumentos jurídicos de SEPMA, según el sindicato, que considera que el control biométrico se opone a la Directriz 5/2022, del Consejo Europeo de Protección de Datos y la posterior Guía de la Agencia Española de Protección de Datos.

Datos protegidos por el artículo 18.4 de la Constitución

Los datos biométricos son datos personales protegidos por el artículo 18.4, y el Tribunal Constitucional ha subrayado que el derecho fundamental garantiza que toda persona debe poder controlar el uso y destino de sus datos. Se trata, además, de datos considerados “de alto riesgo”. En España, la interpretación era que la legislación concedía una autorización genérica para casos donde la recopilación era necesaria, pero eso cambió en noviembre de 2023, cuando la Agencia de Protección de Datos publicó una guía actualizada fijando unos criterios de uso mucho más restrictivos para adaptar la situación a las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos.

Desde entonces, el responsable [de los datos, aquí el ayuntamiento de Marbella] debe contar con una norma con rango de ley que autorice específicamente utilizar datos biométricos para dicha finalidad“, según la guía. Y el consentimiento no puede levantar la prohibición, ”al existir un desequilibrio entre la persona a la que se somete al tratamiento y quien lo está llevando a cabo“.

La guía cambió el criterio aplicado en España, según los especialistas. Sin embargo, no modificó la hoja de ruta del ayuntamiento, que poco después de su publicación extendió el sistema de fichaje con reconocimiento facial o huella dactilar a los policías locales.

“Es dinero tirado”

Según ha informado el sindicato, la eventual sanción al ayuntamiento de Marbella no será en ningún caso económica, puesto que la ley exime a las administraciones públicas, pero sí podría concluir con un apercibimiento que obligara al Consistorio a la eliminación completa del uso de las herramientas de control biométrico y su sustitución por otras medidas menos invasivas.

José Luis Gutiérrez, secretario general de SEPMA, anuncia que pedirán una medida cautelar para garantizar que el ayuntamiento paraliza el sistema, y lamenta el tiempo que ha pasado desde que interpuso la denuncia ante el Consejo de Transparencia: año y medio para acordar la apertura de un expediente. Esto motivó una queja al Defensor del Pueblo.

“Es algo muy claro. Incluso adjunté un informe del Subdirector General de Transparencia advirtiendo a un municipio de que no se podían recoger los datos biométricos”. Gutiérrez lamenta el coste para las arcas públicas que tendrá la implantación frustrada de un sistema de control abocado (por ahora) a la extinción: “Es dinero tirado”.